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Un agosto para estar vigilante

Debería bastar con suspender las leyes independentistas e inhabilitar a quienes incumplan el mandato del Constitucional

Mariano Rajoy ha comenzado sus vacaciones habituales en Galicia, pero sus ministros están avisados de que podría convocarse un Consejo el 16 de agosto en caso de que el Parlamento catalán tramite la llamada ley del referéndum, una de las leyes de ruptura con el Estado. Esta ley ya se ha presentado en el Parlament, pero no será hasta mediados de agosto cuando la Mesa decida si la admite. En ese caso, el Consejo de Ministros enviaría la ley al Tribunal Constitucional, que procedería a la inmediata suspensión. Así ha ocurrido, recientemente, con la reforma del reglamento de la Cámara que permite aprobar leyes de un modo exprés, en una única lectura y a petición de uno solo de los grupos del Parlamento. La ley del referéndum que ya ha sido presentada en varios escenarios, incluido un teatro, es una norma sin garantías, que permite declarar la independencia sin un requisito mínimo de participación. Se trata, desde todos los puntos de vista, de una ley situada fuera del marco constitucional, es un hito más de este golpe en capítulos que intenta perpetrar la facción secesionista del Parlamento catalán. Por ahora, la estrategia del Gobierno central se limita a la ilegalización, básicamente por el Constitucional, de las leyes que avanzan hacia la independencia. A ello se ha unido la intervención de las cuentas de la Generalitat para castigar a quien desvíe fondos para la organización del referéndum. ¿Es esto suficiente? La respuesta a la pregunta depende en buena medida de las intenciones del Gobierno de Puigdemont, pero todo indica que sus consejeros y él mismo están dispuestos a todo, tanto que buscarán la provocación en las semanas previas al referéndum del 1 de octubre. El Gobierno de Rajoy y los partidos constitucionalistas de la oposición deben estar preparados para ello, porque es posible que haya recurrir a otras medidas coercitivas para impedir la celebración del referéndum. El tiempo dirá si esta estrategia del Gobierno es suficiente, aunque en cualquier caso sí es imprescindible. Todas las medidas que se adopten deben encarrilarse por la vía legal, el Estado cuenta con suficientes recursos para impedir el referéndum, así como para castigar a aquellos que se salten las advertencias del Constitucional con la inhabilitación. En principio, con esto debería bastar, aunque en los últimos días se ha comenzado a advertir que algunos grupos del entorno de la CUP, aliado del Gobierno de Puigdemont, están dispuestos a utilizar la violencia, de ahí que el Gobierno no sólo debe tener preparado a sus ministros parea reunirnos en un Consejo extraordinario, sino que debe contar con un plan para todas las hipótesis.

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