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Violencia política de baja intensidad

En una democracia no se deben tolerar los escraches como los que sufrieron Susana Díaz por los taxistas o Begoña Villacís por radicales

El Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla ha procesado a ocho taxistas por un presunto delito electoral y de coacciones al considerar que impidieron la celebración de un mitin de Susana Díaz en San Juan de Aznalfarache (Sevilla) durante la campaña de las elecciones autonómicas de 2018. Más allá de que, finalmente, el tribunal considere culpables o no a los que se sientan en el banquillo, la noticia da pie a hacer una reflexión sobre el preocupante aumento de la agresividad en las protestas contra políticos de diferentes siglas, una de las herencias envenenadas de la crisis económica, el llamado movimiento "de los indignados" y el auge de los radicalismos que se creían superados. De hecho, tanto en la pasada campaña de las elecciones generales como en la que se celebra estos días con motivo de los comicios municipales, europeos y, en algunos lugares de España, autonómicos, hemos visto desagradables y preocupantes escraches (un eufemismo de la violencia de baja intensidad) a políticos. Así, asistimos al que sufrió la política popular Cayetana Álvarez de Toledo durante su participación en un acto de la Universidad Autónoma de Barcelona o, más recientemente, el que tuvo que soportar la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, que pese a estar embarazada fue duramente acosada por un grupo de radicales con la excusa de la lucha contra los desahucios (en los que, por cierto, esta política no tenía ninguna responsabilidad). Estos dos sucesos, junto al ya citado de Susana Díaz, deberían ser inadmisibles en una democracia, uno de cuyos pilares es la posibilidad de ejercer la propaganda política y la actividad electoral sin tener que sufrir ningún tipo de violencia, sea verbal o física. Por desgracia, además, vemos cómo, a veces, algunas formaciones (normalmente pertenecientes al independentismo catalán o al populismo radical) han justificado unos acontecimientos que, sencillamente, son intolerables.

Por todo lo dicho, es más que necesario que la Justicia persiga con todas sus armas unos comportamientos que tienen como objetivo la coacción a personas que, independientemente de su signo político, intentan ejercer su derecho a hacer propaganda de sus ideas. Toda violencia política o sindical, por muy suave que sea, debe ser perseguida y penalizada. Entre otras cosas porque puede ser el inicio de fenómenos más preocupantes en el futuro.

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