La sentencia que acaba de emitir el TSJA ratificando la indemnización millonaria que la Junta de Andalucía deberá pagar al promotor del Centro Nevada de Granada por casi ocho años de paralización de obras es durísima por las consecuencias finales que tendrá para las arcas públicas -para el bolsillo de todos los andaluces- y por los severos reproches que realiza respecto a su actuación durante el contencioso que se ha desarrollado en paralelo al proceso penal que condenó a su promotor Tomás Olivo por un delito contra la ordenación del territorio. El alto tribunal no sólo confirma lo ya establecido en primera instancia -se situó la compensación económica en 157 millones frente a los 260,5 que pedía el empresario-, sino que eleva la cantidad a 165,6 millones, admitiendo el recurso de General de Galerías Comerciales en concepto de daño emergente y lucro cesante por los 88 meses que el centro pudo estar abierto -la inauguración se no ha producido hasta finales de 2016-, teniendo en cuenta la media de ganancias de otras cuatro instalaciones similares al Nevada en Andalucía. Aquí se sitúa la máxima y exclusiva responsabilidad para la Administración autonómica. Los magistrados realizan una separación total entre el proceso penal y el contencioso, desmontan todas las causas exoneradoras que aporta la Junta y le recriminan incluso que alegue "indefensión" porque sólo sería sostenible desde el "desconocimiento de las consecuencias legales que lleva aparejada la falta de asistencia a la vista". Se refiere el TSJA a la sorpresiva ausencia de los letrados de la Junta a la vista del 6 de junio del año pasado donde se podrían haber contrarrestado los periciales de parte aportados por el promotor -el documento utilizado de base para fijar la cuantía de la indemnización- con otros informes menos lesivos para los intereses de los andaluces. "No es sostenible que la Administración, asistida por su gabinete jurídico, invoque el desconocimiento de la ley", se advierte con contundencia en la sentencia para subrayar que todas las consecuencias posteriores son "imputables" a la Junta y recordar que sólo en sus manos estaba la posibilidad de levantar la medida cautelar. El Gobierno andaluz achacó la ausencia de la vista a un "olvido" de los letrados y esta misma semana han insistido en escudarse en las instrucciones del "gabinete jurídico" para negar "responsabilidad política alguna". Desde el PP hablan de "negligencia", exigen dimisiones y recuerdan los "colegios y hospitales" que podrían construirse con tan millonaria indemnización. Nos equivocamos si nos perdemos en la demagogia y el uso partidista de un tema de tal gravedad. Es momento de asumir las lecciones del alto tribunal andaluz y revisar cómo funciona la Junta. No hay excusas.