La reciente celebración en Madrid del 2 de Mayo, día de esta comunidad autónoma, ha sido de alguna manera un fiel retrato de la situación de colapso político en la que se encuentra no sólo la capital de España, sino el conjunto del país. Madrid no es una región cualquiera, sino una suerte de distrito federal con un lógico peso político y económico en todo el Estado. Tanto la crisis provocada por la dimisión de Cristina Cifuentes como la convulsión generada por las desafortunadas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, descalificando al magistrado que ejerció el voto particular en la discutida sentencia de la Manada, no hubiesen pasado de simples baches más o menos virulentos si el resto de la vida política del país discurriese dentro de unos cauces normales. Sin embargo, ambos hechos han abundado en la cada vez más generalizada sensación de que el Gobierno del país y el partido que lo sustenta, el PP, están atravesando una crisis de difícil solución que los han colocado al borde del abismo. Las últimas encuestas electorales hablan de un desplome en la intención de voto de la formación que, desde hace décadas, ha representado al electorado de centro-derecha español, que podría ser sustituido en este rol por un emergente Ciudadanos. Al igual que recientemente vimos una lucha a muerte entre el PSOE y Podemos por el control de la izquierda, ahora estamos asistiendo a un fenómeno similar en la derecha entre PP y C's. La lucha será larga y dura.

Uno de los problemas del PP ha sido, además de los múltiples y bochornosos escándalos de corrupción, no ser sensible a las nuevas demandas de la ciudadanía a los partidos a partir de la crisis y el 15-M, fundamentalmente, la celebración de primarias y una mayor transparencia. El PP ha querido seguir actuando con criterios que hace una década eran admisibles, pero que hoy nadie, ni siquiera los mismos militantes, comparten.

Por su parte, el Gobierno, con las manos atadas por su minoría en el Parlamento, apenas se está limitando a sobrevivir entre polémica y polémica. Con la recuperación económica (que no va acompañada de una mejora en la calidad del empleo) como único logro que exhibir y con el problema catalán enquistado, el presidente Rajoy ha centrado todos sus esfuerzos en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pero a cambio de ceder ante el PNV de una manera que, tarde o temprano, pasará factura. Por su parte, importantes y graves problemas de Estado, como las pensiones o la decadencia de la educación, siguen sin abordarse de una manera decidida. Así las cosas, la sensación general es la de una deriva sin rumbo, como si el Ejecutivo sólo estuviese preocupado por sobrevivir y no por gobernar.