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El PNV quiere cobrar su apoyo a Sánchez

La Seguridad Social es una herramienta para la igualdad de todos los españoles, por lo que debe ser controlada en exclusiva por el Estado

Los apoyos en política nunca son gratis y los de los partidos nacionalistas a la moción de censura de Pedro Sánchez no iban a ser una excepción. Si algo ha demostrado el PNV en los cuarenta años que llevamos de democracia es su habilidad para rentabilizar al máximo las situaciones de debilidad de los gobiernos centrales, bien sean del PP o del PSOE. La actual coyuntura, con un Ejecutivo socialista que cuenta con un grupo parlamentario de apenas 84 diputados, no iba a ser una excepción. La cuestión quedó muy clara el pasado lunes, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en la Moncloa al lehendakari, Íñigo Urkullu. En principio, en dicho encuentro no se tomó oficialmente ninguna decisión, más allá de la creación de unos grupos de trabajo cuya utilidad suelen ser muy discutibles. Sin embargo, se pusieron sobre el tapete dos cuestiones inquietantes y que marcan claramente cuales son los próximos objetivos de los nacionalistas vascos: el acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas y la gestión de la Seguridad Social.

Con el primer asunto debemos ser muy prudentes, pues, aunque ETA ya ha sido completamente derrotada, el dolor de las víctimas del terrorismo sigue estando en carne viva y es la primera obligación del Estado protegerlas y ampararlas. Con el final de ETA parece claro que, tarde o temprano, se tendrá que tomar una decisión en ese sentido, pero nunca sin que antes los terroristas hayan pedido perdón de forma individual a sus víctimas y, sobre todo, ayuden a la Justicia a resolver los más de 300 asesinatos cuyos autores siguen siendo una incógnita. Mientras esto no suceda, el rigor con los presos etarras, siempre dentro de los límites que marcan nuestras leyes y los derechos humanos, no debe relajarse.

Más preocupante, por suponer una carga de profundidad contra la unidad de España, es la pretensión del Ejecutivo vasco de hacerse con la gestión de la Seguridad Social (aún no se atreven a reivindicar abiertamente una propia). Sobre esta pretensión ya se ha manifestado en contra en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, que considera que la Seguridad Social -una herramienta fundamental en la solidaridad e igualdad entre todos los ciudadanos españoles- es una competencia exclusiva del Estado. La reivindicación del PNV, por tanto, no ha lugar.

Ante estas pretensiones Sánchez debe ser consciente de su debilidad. El PNV, una vez más, quiere aprovechar la coyuntura para intentar mermar la unidad del Estado. Es obligación del presidente impedir tal extremo, aunque para ello tenga que asumir el coste de prescindir del apoyo de los nacionalistas.

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