El Ministerio de Sanidad ha asegurado que está estudiando asumir las competencias de tutela de los migrantes menores no acompañados (MENA). De esta forma, la Administración central sería la encargada de acoger en primera instancia a estos menores para luego repartirlos por las diferentes comunidades autónomas españolas, según sus posibilidades. Grosso modo, esto es lo que lleva pidiendo desde hace tiempo la Junta de Andalucía (que es la que actualmente tiene las competencias sobre ellos). El problema de la inmigración irregular no es autonómico, sino nacional y europeo, y por tanto es la Administración central la que debe gestionarlo y sufragarlo. Es evidente que la gran mayoría de las pateras que llegan a nuestras costas no tienen a Andalucía como objetivo principal. Ante todo, lo que pretenden es acceder a los dinámicos y prósperos mercados laborales del norte. Por lo tanto, entra dentro de la estricta lógica que la tutela de estos menores sea solidaria entre todos los territorios y que el Estado se encargue de establecer la cuota que le corresponde a cada uno de ellos. Otra cosa es que con el actual panorama político de España, en el que ni siquiera ha sido posible establecer un nuevo sistema de financiación, sea posible poner de acuerdo a todas las comunidades en esta cuestión. En general, parece claro que el proyecto del Gobierno central tardará aún tiempo en materializarse. Por tanto, es lógica la petición de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación haya recordado al Ejecutivo de Madrid que "Andalucía necesita 27,6 millones de euros del Gobierno para seguir atendiendo con calidad a nuestros MENA", una vez que se le está acabando el dinero que en su día se le transfirió para esta labor.

Ante esta situación, la Junta acusa al Gobierno de Sánchez de lanzar una "cortina de humo para salir del paso de las noticias sobre la falta de financiación a Andalucía", lo cual hay que tomarlo como uno de esos continuos excesos verbales a los que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Pero sí es cierto que, ante la evidencia de que el Gobierno no podrá ultimar en un plazo razonablemente corto su nuevo sistema de atención a los migrantes menores, debería ir transfiriendo nuevas partidas económicas con las que ayudar a la Junta de Andalucía en esta tarea. La inmigración, insistimos, es un problema del conjunto de España y Europa, y por tanto todos deben contribuir en amortiguar sus efectos más negativos. Hacen falta algo más que estudios y proyectos.