Las cada vez más extendidas movilizaciones de los profesionales de la sanidad y el cese ayer del gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Miguel Moreno Verdugo, tras diez meses de polémica gestión, son las primeras luces rojas que nos indican que el Gobierno andaluz PP-Cs no está embridando con la firmeza prometida los muchos y graves problemas del sector que ha heredado de los anteriores ejecutivos socialistas. El problema no es baladí, porque a nadie se le escapa que la sanidad es uno de los pilares fundamentales de un estado del bienestar al que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar. De hecho, una de las causas principales de la derrota del PSOE tras décadas gobernando en la Junta fue su deficiente gestión del SAS, con las consiguientes movilizaciones masivas de los profesionales del sector en las calles andaluzas.

Como suele ocurrir cuando se está en la oposición, el PP fue muy generoso en sus promesas respecto a la sanidad y, sobre todo, a las condiciones laborales del personal: equiparación salarial de los profesionales andaluces con respecto a otras comunidades autónomas, subidas en las remuneraciones de las guardias, disminución de la precariedad, y un largo etcétera. Esto, junto al hecho de que el actual consejero, Jesús Aguirre, fue durante años representante del Sindicato Médico, había elevado en demasía las expectativas de la plantilla del SAS. Sin embargo, tras 10 meses en el Ejecutivo andaluz, el PP y Cs ya saben que gobernar es mucho más complicado y frustrante que hacer promesas desde los medios o los escaños parlamentarios. Un monstruo administrativo como el SAS, con unos 110.000 trabajadores en nómina, no es fácil de cambiar.

En el breve tiempo transcurrido desde la creación del nuevo Gobierno, la situación apenas ha mejorado y el sector sanitario empieza a dar muestras de impaciencia. A meteduras de pata como la equivocación que obligó a la modificación del presupuesto de la consejería por un valor de 37 millones, afectando gravemente a las obras en hospitales y centros de salud, hay que sumar la sensación de desgobierno existente en los ámbitos de personal y de los recursos en general, por no hablar de la sospecha de manipulación en algunas estadísticas. El cese del gerente del SAS está justificado, pero no es en sí mismo una solución. El Gobierno debe enderezar cuanto antes el rumbo tomado por la sanidad andaluza.