Una parte de la comunidad educativa de la enseñanza pública celebró ayer una huelga con la excusa de la aprobación de un nuevo decreto de escolarización que, además de cambiar los criterios de admisión y preferencia, permitirá que todas las familias puedan solicitar plaza en un centro concertado, siempre que exista uno en su localidad, al eliminar las zonas de influencia. El paro, cuyos datos de seguimiento varían cómicamente según la fuente (la Junta habla de un 13,5% y los convocantes de entre el 60% y el 70%) ha supuesto el primer pulso importante que los sindicatos echan al Gobierno andaluz de centroderecha desde que llegase al poder hace poco más de un año. La razón, según los huelguistas, es que el decreto ahonda en la política de liberalización y privatización de los servicios públicos, así como que provocará el cierre de unidades públicas, el aumento en la enseñanza concertada y una pérdida de empleo docente. Con no poca teatralidad y exageración se habla de "agresión" y "ataque a la educación pública"

Sin embargo, cuando se analizan las medidas puestas en marcha por el consejero del ramo, Javier Imbroda, no se ven por ninguna parte dichos ataques a la educación pública, y sí la intención de la Junta de reforzar la libertad de los padres a la hora de elegir el centro donde quiere que se eduquen sus hijos. ¿Por qué no gusta esto a algunos sindicalistas y políticos? Porque esa preferencia de las familias puede ir dirigida hacia la educación concertada, a la que intentan presentar, de una manera falaz, como enemiga de la pública, cuando hasta la fecha ha sido una colaboradora fiel con las administraciones (y estrictamente necesaria) en la escolarización de los andaluces. No deja de ser extraño que en muchos de los discursos de los sindicalistas de la educación se adivine una animadversión hacia la concertada que no se sustenta en la realidad y sí en unos prejuicios ideológicos que tienen mucho que ver con el hecho de que dicho exitoso modelo de colaboración pública-privada suele estar en manos de instituciones cercanas o pertenecientes a la Iglesia Católica. Además, los sindicatos también deberían pensar en los muchos empleos, tanto docentes como de administración y servicios, que genera la concertada, algo que al parecer no les merece el menor respeto.

La educación pública puede tener problemas, pero poco tienen que ver con la existencia de centros concertados (cuya implantación en Andalucía apenas alcanza al 20% del territorio) y mucho con la incapacidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo de Estado para generar un modelo eficaz y estable.