El Ministerio del Interior ha decidido retirar definitivamente los efectivos de refuerzo de la Policía y la Guardia Civil destacados en Cataluña desde el referéndum ilegal del 1-O. Entendemos que si el Estado ha tomado esta decisión es porque tiene información rigurosa de que, en la actualidad, no hay peligro de que el orden público y la paz social puedan volver a ser alterados por los sectores más radicales del independentismo. En ese sentido, el final del despliegue es una prueba de que, poco a poco, Cataluña está volviendo a la normalidad. Aunque los resultados electorales del pasado 21-D han dejado un panorama parlamentario en el que el soberanismo sigue teniendo la mayoría absoluta, todo indica que los líderes de los sectores menos radicales de éste han llegado a la conclusión de que la famosa vía de la declaración unilateral de independencia (DUI) es hoy por hoy impracticable, principalmente por dos motivos: porque no tienen ni de lejos una mayoría social para llevarla a cabo (de hecho el nacionalismo ha perdido en el número de votos) y porque el Estado y la Unión Europea han dado sobradas muestras de que no están dispuestos a permitirla.

El despliegue extraordinario de Policía y Guardia Civil en Cataluña era más que necesario. Había temores más que fundados de que podían producirse altercados y desórdenes y, por lo tanto, se tenía que prever la adecuada respuesta. Sin embargo, este despliegue se ha visto continuamente envuelto en la polémica, lo cual no deja en muy buen lugar al Ministerio del Interior. No nos referimos a los hechos del 1 de octubre, en los que los cuerpos de seguridad tuvieron que sobreactuar debido a la pasividad de los Mossos, sino a las precarias condiciones en las que los agentes han tenido que realizar su trabajo, acosados por elementos hostiles en sus lugares de descanso (recuérdense las pitadas en las puertas de los hoteles); realojados en lugares precarios que, incluso, movían a la mofa de los independentistas (el tristemente famoso barco Piolín); o sufriendo un incómodo sentimiento de abandono, como demuestra la polémica de la cena de Nochebuena, algo meramente anecdótico que, sin embargo, resume perfectamente la situación. Todo lo cual se acrecienta con la sensación de agravio salarial respecto a las policías autonómicas, más cuando el papel de la Catalana en esta crisis ha sido, cuanto menos, polémico y su ex jefe se encuentra imputado por el juez.

Interior debe cuanto antes hacer una profunda autocrítica y depurar responsabilidades por los muchos errores que se han cometido durante este despliegue policial.