Una vez que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha presentado las conclusiones provisionales de las auditorías realizadas a las primeras 12 agencias públicas de la administración autonómica, surge una primera conclusión: se ha generado demasiado ruido para tan pocas nueces. Es innegable que el Ejecutivo andaluz ha hecho bien en realizar estas indagaciones para conocer el estado exacto y la composición de una administración paralela de la que se sospechaba que, en muchos casos, realizaba una tarea que podía ser asumida por las propias consejerías que componen la Junta. Sin embargo, también es cierto que el nuevo Gobierno de coalición PP-Cs sobreactuó en demasía cuando anunció dichas auditorías, dejando caer la sospecha de que éstas podrían destapar oscuros escándalos que, en esta primera e importante cata, no han aflorado por ningún lado. En cualquier caso, esta sobreactuación de la que hablamos hay que achacarla a la bisoñez de un Ejecutivo con demasiados bríos y con la necesidad de escenificar cuanto antes un cambio de era tras ganar las pasadas elecciones andaluzas.

Una vez señalado este exceso gubernamental, también hay que destacar que lo que desvelan las auditorías es una situación que, si bien no es desastrosa, sí indican la necesidad de reformas urgentes y profundas. De hecho, quedan demostrados claramente tres vicios que hay que corregir cuanto antes: la creación de una administración paralela que en muchas ocasiones incurre en duplicidades; una alta contratación de personal no funcionario (que, como es bien sabido, es una de las antesalas del enchufismo laboral público); y un alarmante derroche económico generado, precisamente, por la descoordinación entre las consejerías y estos entes.

Las auditorías dejan en evidencia que es urgente una reforma a fondo de estas agencias públicas y, en el caso que sea necesario por manifiesta inutilidad, su supresión. Sin embargo, por ahora, el Gobierno prefiere no hacer hincapié en una regulación que, evidentemente, supondrá el despido de algunos de los 9.461 empleados que actualmente trabajan en estos organismos. Con un horizonte electoral que volverá a convocar a los ciudadanos a las urnas en menos de un mes (el 26 de mayo), y tras la debacle del PP del pasado domingo en las Generales, es evidente que un Gobierno liderado por un popular, Juanma Moreno, no quiera ni escuchar hablar de algo tan impopular como sería una regulación laboral en la Administración. Gobernar, en muchas ocasiones, es una tarea muy ingrata.