A nadie se le escapa la importancia y gravedad de la jornada de este domingo. Como se ha repetido en muchas ocasiones, este domingo, 1 de octubre de 2017, es el momento más complicado de la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. El Gobierno se ve ante el imperativo político, legal y moral de impedir que este domingo se desarrolle en Cataluña un referéndum de independencia espurio, una pantomima que intenta, sin conseguirlo, guardar las apariencias democráticas. No puede ser de otra forma. Lo contrario sería dar a entender a la comunidad internacional y a los propios ciudadanos que España es un Estado fallido, incapaz de hacer que se cumplan las leyes más fundamentales en su propio territorio. En gran medida, gracias al encomiable trabajo del Poder Judicial y a la acción de la Policía y la Guardia Civil, ya se puede decir que el referéndum ilegal ha sido desarticulado al anularse eficazmente su logística y bases materiales. Sin embargo, eso no significa que no se vayan a registrar numerosas farsas de votación en muchos municipios catalanes, más cuando en muchos colegios se están usando a los niños como excusa para impedir que los cuerpos policiales cumplan con su trabajo. Pero estas votaciones no serán más que meros entremeses sin ninguna validez. En todo momento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (incluyendo los Mossos) tendrán que mantener un complicado equilibrio entre la necesidad de que impere la ley y el orden -como no puede ser de otra manera en una democracia seria- y el evitar una violencia que puede generar esas víctimas que con tanto ahínco buscan los sectores más radicales del procés. Pero que nadie se equivoque, cualquier problema grave que pueda surgir este domingo tendrá unos responsables claros: la Generalitat y el movimiento separatista, que lleva meses alimentando la hoguera de la confrontación civil en Cataluña, en uno de los ejercicios de irresponsabilidad política más clamorosos de la historia contemporánea española.