La sociedad catalana ha empezado a visualizar el desastre al que le está conduciendo el proceso ilegal de independencia iniciado por la Generalitat con el apoyo de un sector de la sociedad civil. Pasada la épica del referéndum y las manifestaciones, en las últimas horas la dura realidad ha empezado a hacerse evidente. Ayer era indisimulable el nerviosismo de algunos de los líderes nacionalistas catalanes al ver cómo se estaba produciendo una auténtica fuga masiva de algunas de las empresas y bancos más potentes e históricos de Cataluña. La lista ya es considerable. El Banco de Sabadell, la Caixa, Gas Natural, Mediolanum, Arquia, por sólo mencionar algunas, ya han decidido trasladar sus sedes sociales a territorio español fuera de Cataluña. Otras, como Freixenet o Codorníu, han dejado claro que si finalmente se realiza la declaración unilateral de independencia también se irán fuera de la comunidad autónoma. La alarma en el empresariado catalán es tan patente que el Gobierno de España, a petición de los propios afectados, tuvo que aprobar ayer un Real Decreto para facilitar la evacuación de una Cataluña que, ya se puede decir sin exageración, está apestada económicamente. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha visto en la obligación de advertir de los riesgos que se esconden tras la rebelión de una parte de la sociedad catalana, haciendo hincapié en que ésta puede dificultar -lo está haciendo ya- la recuperación económica de toda España al lastrar la confianza de la inversión y el consumo.

Atrapados en su propia irresponsabilidad, los responsables del procés no pueden tapar una hemorragia económica que puede desbaratar el esfuerzo de generaciones que convirtieron a Cataluña y, especialmente a Barcelona, en uno de los centros industriales y económicos más importantes de España y Europa.

En el plano político y judicial, la situación también empeora para los independentistas. Tras presentarse los resultados de la pantomima del referéndum del 1-O, con un resultado a la búlgara de más del 90% de votos a favor de la independencia, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dice ahora que comparecerá ante el Pleno el próximo martes, y no el lunes como había dicho en un principio, lo que propició la intervención del Tribunal Constitucional para evitar un nuevo dislate jurídico y político. La imagen del major Trapero vistiendo el uniforme de los Mossos y declarando en la Audiencia Nacional por un delito de sedición completa la estampa del día en el que Cataluña dio un paso importante más hacia el abismo.