Cuando apenas llevamos un día de campaña electoral, el Gobierno anuncia como medida estrella de su Consejo de Ministros celebrado ayer un plan especial de mil millones de euros para el Campo de Gibraltar, en el que se incluyen mejoras en infraestructuras, lucha contra el paro, aumento de las plantillas policiales o creación de nuevos juzgados, entre otras medidas. Lo primero que sorprende es que gran parte de estos fondos ya estaban anunciados, como los casi 810 millones en infraestructuras, que afectan sobre todo a los accesos al puerto de Algeciras -el más importante del Mediterráneo- y a la electrificación de la conexión Algeciras-Bobadilla, fundamental para unir las instalaciones portuarias al gran torrente ferroviario español y europeo. Da la impresión de que el Ejecutivo está intentando revender a la opinión pública viejas promesas y medidas ya en marcha con nuevos envoltorios, como también ocurre con el dinero extraordinario anunciado para crear una extensión de la Zona Franca de Cádiz en Los Barrios en el primer trimestre de 2019. Eso sí, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue el encargado de presentar el plan, también aportó novedades, como la intención de agilizar la creación de tres nuevos juzgados en Algeciras, La Línea y San Roque, por lo que de los diez actuales, seis mixtos y cuatro de instrucción, se pasará a 13. Ésta es una medida más que necesaria para acabar con el enorme atasco judicial que sufren los ciudadanos y las empresas del Campo de Gibraltar.

Pese a que, como decíamos, muchos de los fondos y actuaciones ya habían sido anunciados, no podemos menos que ver como positivo el anuncio del Consejo de Ministros. Al menos porque indica que el Gobierno es consciente de la necesidad de actuar de una manera amplia e integral en el Campo de Gibraltar, que, pese a su indiscutible importancia geoestratégica, es una de las zonas más deprimidas de España y Europa, con un 25% de paro. A esto hay que unir problemas de calado como la amenaza del Brexit -un asunto cada vez más enrarecido-, la muy preocupante proliferación del narcotráfico o el alarmante aumento de la llegada de inmigrantes irregulares, que tiene a los servicios asistenciales andaluces desbordados. Está muy bien que el Gobierno destine millones de euros al Campo de Gibraltar -y que lo anuncie todas las veces que estime necesario- pero, sobre todo, hace falta una mayor atención política y administrativa por parte de un Estado que durante demasiados años ha brillado por su ausencia.