La inoportunidad política del Ministerio de Hacienda es evidente: es la titular, María Jesús Montero, quien ha condicionado al Gobierno andaluz por desviarse de un Presupuesto, de 2018, que ella misma gestionó como consejera. Pero es que, ciertamente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria obliga a ello. Las comunidades que incumplen el objetivo de déficit siguen bajo cierto control de Hacienda y no sólo Andalucía. El Gobierno andaluz, aunque sea de distinto signo político, asume la Junta de Andalucía con sus consecuencias, en lo bueno y en lo malo. El argumento de que ese déficit era de otros es político, pero en lo económico es pueril. Aclaradas estas dos posturas, lo que es importante subrayar es que la Junta de Andalucía debe poder salir a los mercados en busca de financiación. No se trata ahora de un asunto monetario, como de reputación y de autonomía financiera. Mientras Hacienda mantenga a la Junta bajo este control, Andalucía se financiará mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que está prestando el dinero a un interés cero. Lo repetimos: no es un problema que grave la financiación autonómica. Pero para poder salir a los mercados, la Junta tiene que volver a la senda de los objetivos de déficit. En 2019, del 0,1%. En 2020, del 0%. No basta que esté escrito en los Presupuestos, hay que conseguirlo mediante la gestión. Por eso, preocupa, y mucho, que la Junta está corriendo el riesgo de incumplir el déficit también en 2019 por haber contado un ingreso más que dudoso del llamado décimo tercer mes de IVA. Cuando se colocó en el Presupuesto de 2019 se conocía que ese ingreso no tenía respaldo normativo. Aun así, la Consejería de Hacienda tiene suficiente margen para corregir este factor. Es primordial que 2019 se cierre con el 0,1% porque será eso lo que permita a lo largo de 2020 volver a conseguir el permiso del Ministerio de Hacienda para recurrir a los mercados.