Tras días de salidas de tono de ERC (crecida por el papel determinante que le ha dado Pedro Sánchez en la política española) y del intento generalizado del independentismo catalán de humillar a las instituciones democráticas del Estado y a la propia nación española, ayer tuvo que salir la asociación de Abogados del Estado para mostrar su rechazo a cualquier intento de "injerencia o presión", y en especial de "amenaza", con el fin de "desvirtuar o condicionar" el ejercicio de sus funciones. Se refiere esta entidad corporativa al informe que debe presentar la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo sobre la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que reconoció que Junqueras debió haber gozado de inmunidad y ser reconocido eurodiputado, que ha propiciado una campaña propagandística del catalanismo para degradar y desprestigiar al Estado español dentro y -sobre todo- fuera de nuestras fronteras. Como ya se sabe, ERC había exigido al Gobierno que dicho documento fuese a favor de las tesis del independentismo como condición indispensable para su apoyo a la investidura de Sánchez -que algunos medios ya están dando como segura para los primeros días de enero-, lo cual sería una injerencia intolerable por parte del Gobierno central, que, pese a que ha defendido la "autonomía" de la Abogacía, siempre lo ha hecho con la boca chica para no desairar a los que pueden ser claves para la investidura de Sánchez como presidente. Es por tanto que ha tenido que salir una asociación profesional ha defender la dignidad del Estado. Y lo hace de una manera serena, pero contundente: "Los abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une".

No deja de ser curioso que los mismos que están acusando al Estado español de injerencias y politización sean los primeros que, cuando coincide con sus intereses, exigen al Gobierno de Madrid que actúe al margen de la ley y del respeto más elemental a los funcionarios. Eso nos da una muestra de la doble vara de medir de partidos como ERC, a los que hace tiempo les importa muy poco la estabilidad de las instituciones. Estos, no lo olvidemos, son con los que está negociando Sánchez su investidura.