ARTUR Mas no acudió al acto con el que la Delegación de Gobierno en Cataluña celebraba la Constitución, y no se le espera en la recepción que se celebra hoy en el Congreso de los Diputados, donde hace años que suelen faltar los dirigentes de los partidos nacionalistas. Los peneuvistas suelen explicar en voz baja que la recepción interrumpe el puente de la Constitución y la Inmaculada, lo que no deja de ser una falta de respeto porque está en el sueldo de los cargos públicos que acudan allí donde deben estar los cargos públicos. En el caso de los nacionalistas catalanes -que sí asistían en tiempos de Pujol y en algunas ocasiones también lo hizo Maragall- con la ausencia pretenden visualizar que no se sienten españoles. Que hagan lo que quieran, pero no se entiende que peleen en cambio por figurar en las listas de las instituciones españolas, Congreso y Senado o, en los últimos días, Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Por no hablar de que no se sienten españoles pero bien que suplican a Montoro que les transfiera buenos dineros para hacer frente a sus pagos.

Todos los años por estas épocas se agudiza la polémica sobre la necesidad de reformar la Constitución, en esta ocasión agudizada por la estrategia de Rubalcaba de clamar por un Estado federal. Por otra parte se ha producido entre los socialistas una sorprendente tibieza ante la consulta que pretende convocar Artur Mas, tibieza que sólo se ha dejado atrás tras la irrupción en escena de Susana Díaz. Pero lo que ha creado más debate es la propuesta de Rubalcaba, prácticamente la única que ha presentado el PSOE en esta legislatura, junto a la abolición del Concordato con la Santa Sede y anunciar que cuando gane el partido socialista va a abolir la mayoría de las leyes aprobadas durante esta legislatura de Rajoy.

Una Constitución con más de 30 años de historia merece ser revisada, debe ser revisada. Para corregir los errores de la primera redacción y para adaptarse además a los cambios sociales producidos en ese tiempo, que son muchos. Pero no se debe hacer con las espadas en alto, el debate autonómico en su nivel máxima de virulencia y acritud, una región cuyos gobernantes han iniciado un proceso de independencia y un descrédito hacia la clase política -bien ganado, por cierto- que provoca que cualquier iniciativa de esa clase política se contemple con escepticismo y tratando de averiguar qué busca cada partido, qué intenta con sus reformas, qué objetivos se marca.