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Editorial

La violencia de género, un asunto de Estado

DECENAS de miles de personas se manifestaron ayer en Madrid para reclamar que la violencia de género sea considerada como "un asunto de Estado", reivindicación que cuenta con el apoyo de todos los partidos que tienen algún peso en la política española, afirmación que se desprende de la presencia en dicha movilización de representantes de PP, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Podemos.

Aunque todavía queda mucho por hacer en este campo, tampoco podemos lanzar un mensaje pesimista al respecto. En la última década, desde el cruel asesinato de la granadina Ana Orantes, quemada viva en 1997 tras denunciar en televisión que sufría maltrato, España ha avanzado mucho y bien en la prevención y persecución legal de la violencia de género, actitud criminal que hunde sus raíces en un pasado no muy lejano en el que la mujer estaba completamente subordinada a la autoridad masculina. Aun así, el precio que ha habido que pagar (y que se sigue pagando) es excesivamente alto. Desde 1995, casi 1.400 mujeres han sido asesinadas salvajemente de mano de sus parejas masculinas. Además, claro está, hay que contabilizar las brutales agresiones físicas y psicológicas que no acaban en muerte pero que dejan a sus víctimas con graves problemas para desarrollar una vida normal.

Está bien que los partidos políticos se sumen a manifestaciones como la de ayer en Madrid, pero más lo estaría que dejen de usar esta cuestión como un arma política arrojadiza. Al igual que en su día se logró en la lucha contra el terrorismo de ETA, las principales formaciones deberían firmar un pacto de Estado que permita sostener un rumbo firme y coordinado contra la violencia de género, independientemente de quién sea el que gobierne. Se ha recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por andar.

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