La Comisión Antiviolencia decidió ayer multar al Espanyol por los incidentes del sábado. Y también sancionar económicamente a los Boixos Nois, más un aficionado periquito, y prohibirles la entrada a los recintos deportivos en los próximos cinco años. Nada, a primera vista, que objetar. Quienes arrojaron las bengalas a la grada no merecen ser seguidores de ningún equipo. Es más, no hubiera sobrado que el árbitro hubiese suspendido el partido y que el encuentro, visto y demostrado que fueron los ultras culés los culpables, lo ganara el Espanyol. Y que cada palo aguante su vela.

Porque si con algo hay que ser intransigente, es con la violencia; y más si ésta se produce en un campo de fútbol. El espectáculo ofrecido por estos indeseables no puede ser permitido ni tolerado. Si entrar en un estadio con bengalas ya es una temeridad manifiesta, encenderlas y después arrojarlas al público tendría que ser considerado, sencillamente, un delito. Sobre todo porque en la noche del sábado se puso en peligro la vida de varias decenas de personas, ante una afición además que, como la de Carranza, sabe que las bengalas matan.

Los grupos ultras, que salvo raras excepciones suelen llevar por bandera la violencia y no los colores de su equipo, son como un cáncer que en su día envilecieron el fútbol y que, si nadie los frena, pueden devolver a este deporte a las catacumbas. No se les debe pasar ni una.

Por eso la suspensión del partido, igual que se hace con los gritos racistas o con determinadas agresiones, es la mejor arma que puede tener el fútbol para tratar de frenar esta lacra. Y si encima el equipo que dicen defender sale perjudicado, por ejemplo con la pérdida de los puntos en juego, habrá posiblemente un momento en el que los clubes prohiban de una vez por todas la presencia de los aficionados violentos en un campo de fútbol, donde no pintan nada y molestan, y mucho, al resto de aficionados que sólo persigue disfrutar un par de horas.