Qué fácil es torear cuando el toro ya ha pasado, maravillas con el capote cuando del astado sólo se ve el rabo. Los médicos aún siguen asombrados de la agresividad del Covid-19 en algunos pacientes, que ha sido la amarga sorpresa con la que este coronavirus entró en marzo en los hospitales españoles.

Después de más de dos meses en hibernación, el llamado poder judicial -que son muchos y muy mal avenidos- se despereza para impartir justicia. La Fiscalía de Madrid quiere saber qué criterios se han aplicado en los hospitales para el envío de enfermos a las UCI, como si los médicos y los gerentes hospitalarios hubiesen aprovechado la pandemia del Covid-19 para depurar de modo arbitrario a determinados grupos de población.

Otra jueza de Madrid -¡por Dios, cuánto nos hace falta un Bonn!- quiere empurar al delegado del Gobierno y también ha olfateado a Fernando Simón por haber permitido las manifestaciones del 8 de marzo en la capital. Un inciso, señoría: en España, las manifestaciones no se autorizan, están todas permitidas por defecto, lo que hay que tener son argumentos para prohibir este derecho fundamental. Es, por tanto, al contrario. Y, en efecto, a toro pasado, debieron no ser permitidas. Qué cuartos traseros más bonitos tiene ese berrendo.

Su señoría se busca un grupo de guardias recién salidos de la academia y le fabrica el informe que ella quiere leer. Cuando el mamarracho ha quedado expuesto al público, se argumenta que sólo es preliminar, que el proceso será muy largo y que ahora vendrán las correcciones. En un nuevo informe, la Guardia Civil ha incluido un robado de cámaras a la ministra Irene Montero, donde no aporta nada, pero como lo que se precisa es mucho ruido, queda de maravilla, el informe de la Benemérita se parece más a una tertulia calenturienta de política que a una investigación judicial.

Miren, el ministro Marlaska no puede intervenir ni interesarse por una investigación de guardias que actúen como policía judicial -es más, debe dimitir-, pero lo que se está fraguando entre el juzgado de Carmen Rodríguez-Medel y un grupo de guardias civiles ya lo conocemos, es una causa general que, paso a paso, escalón a escalón de la pirámide, busca la acción contra el Gobierno. Es evidente, y el caso ya está ganado por sus autores porque en España el propio proceso es la pena cuando afecta a dirigentes políticos.