El catamarán

rafael Navas

La sombra malaya es alargada

POR si quedaba alguna duda, la sentencia de la Audiencia de Málaga por la llamada Operación Malaya, el mayor caso de corrupción urbanística de la historia de nuestro país, ha demostrado que la ejemplaridad es una condición cuya aplicación es un ejercicio difícil de contemplar en nuestros días. Dicho más llanamente, sin rodeos: que en España hay delitos que salen casi gratis.

Cualquier ciudadano honrado que haya conocido las penas impuestas a los principales acusados de esa causa estará subiéndose por las paredes. ¿Tantos años para esto?, se preguntará. Y no le falta razón para no acabar de entenderlo. Cada día vemos situaciones absolutamente injustas, más en estos tiempos. Sin caer en la demagogia, que ese sí que es un ejercicio harto fácil, hay miles de personas que sufren en sus carnes el rigor de la Justicia por hechos mucho menos graves para la comunidad que los de la corrupción urbanística. Pero en esos casos objetivamente más simples es implacable, rápido y eficaz el curso de la maquinaria burocrática judicial.

No hace falta que nos vayamos a Málaga para indignarnos por la insignificante pena que conlleva la vulneración sistemática de la legalidad urbanística y la corrupción política para el enriquecimiento personal. En la provincia de Cádiz (como en muchas otras) también encontramos nuestros 'malayos' particulares en los últimos años, individuos condenados o inmersos en causas penales por los años del 'pelotazo urbanístico' que se pasean ante nuestras narices en lujosos vehículos, viven en mansiones y que, encima, cuando se cruzan con el resto de ciudadanos, esbozan una sonrisa provocadora. Auténticos delincuentes (porque han sido condenados por cometer delitos) que gozan de las prebendas de un sistema que les permite, sin embargo, seguir en la calle y no conocer una cárcel ni en fotografías. Tenemos por aquí un ex alcalde que ha sido condenado a casi un cuarto de siglo de inhabilitación -se dice pronto- por diferentes causas. Acumula sentencias en su contra por prevaricación. Pero no pisará la cárcel. Ni repondrá un euro de lo que ha dañado a su municipio. Y no es que uno tenga un especial interés en que visite Puerto 2, que allí trabajan muy buenos funcionarios que no tienen culpa. Es que el ejemplo que se transmite a la sociedad es perverso. ¿Qué pensarán de todo ello las limpiadoras de los colegios de Cádiz que tienen que cumplir dos días de arresto domiciliario por irrumpir (con muy malas formas, reprobables por supuesto) en un pleno del Ayuntamiento de Cádiz porque no cobraban sus sueldos? Ahí la Justicia ha sido más rápida que Usain Bolt.

Está claro que casos como los mencionados incitan a pensar que hay dos varas de medir: delitos y delitos. Hay docenas de cargos públicos a nuestro alrededor imputados en casos judiciales que ya sabemos de antemano van a salir indemnes después de años y años de instrucción. Malos condimentos para alimentar a una ciudadanía harta.

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