No puede existir democracia si no se acatan las decisiones judiciales. Una democracia plena exige además, otros requisitos, pero este es el fundamental, porque la Justicia emana del pueblo y así lo dice nuestra Constitución. Algunos de cuyas convicciones democráticas no se puede, dudar si no fuere por sus manifestaciones en las que critican o ignoran lo resuelto por un tribunal, invocan un sentir del pueblo, del que se atribuyen intérpretes, sin tener mandato alguno para poner en solfa lo que ha resuelto un Tribunal.

Un buen ejemplo es la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, dictada hace pocos días y por la que revoca la que había dictado un Juzgado de lo Penal y condena al alcalde de Cádiz por el delito de calumnia, al haber afirmado que la anterior alcaldesa había suministrado a la barriada de Loreto, una de las más populosas de Cádiz "agua contaminada a sabiendas". La condena no fue liviana, sino en consonancia con la gravedad de la acusación: multa de 5.400 euros, indemnización a los calumniados de 3.000, publicación de la sentencia a costa de los acusados y parte de pago de las costas procesales. Está recurrida por el alcalde ante el tribunal superior, por lo que no es firme. La reacción del alcalde a su condena no ha sido pacífica. Dice que lo que pedía es que se conociera la verdad, pero no era así cuando lo que dijo fue que se suministraba agua contaminada "a sabiendas" de su estado. La verdad que quería conocer ya él la suponía y tenía que haber demostrado que la ex alcaldesa conocía que el agua estaba contaminada. No podían faltar sus puntos de demagogia, como que los juzgados arrebatan lo que votan los vecinos y que volvería a actuar exactamente igual.

Cualquiera con un mínimo sentido jurídico, al leer lo que dijo el alcalde, le hubiere pronosticado su condena. Cada uno puede tener la opinión que quiera sobre el suceso. La mía es clara y fruto de una larga experiencia profesional sobre los límites de la libertad de expresión. Aquí no vale como adujo su letrado, que era verdad que el agua estaba contaminada, según los análisis, porque se le condena porque afirmó que la ex alcaldesa, sabiendo que el agua estaba en mal estado, la había suministrado a la población. Discrepo también en que la acusación del alcalde fuera una chiquillería, comparado con llamar felón al presidente del Gobierno. La felonía, según el diccionario es deslealtad, traición, acción fea. ¿No es preferible que te llamen esto, a que te comparen con crueles envenenadores? En ambos casos, parece que hubiéramos vuelto al Conde Roldán, o a los Borgia.