HOY entra en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria que fija la obligación de todas las administraciones públicas de cumplir con rigor los límites del déficit público fijados por el Gobierno de la nación de acuerdo con sus compromisos europeos. Este objetivo del déficit, que para las comunidades autónomas quedó establecido en el 1,5% del Producto Interior Bruto durante este año, ha forzado a los gobiernos autonómicos a presentar ante el Ministerio de Hacienda sus correspondientes planes de ajuste, dentro de un plazo que acababa anoche. La diferencia con otros programas antidéficit es que en esta ocasión el Gobierno ha sido facultado por la ley para tutelar las cuentas de las administraciones regionales. Una tutela que empieza por el examen de las propias medidas de ajuste de las desviaciones presupuestarias, que se hará en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que puede continuar, si hace falta, con la exigencia de un depósito, su conversión en multa, la retención de transferencias estatales o, en última instancia, en la intervención por el Estado de la economía autonómica incumplidora. Realmente, es la única fórmula que garantiza plenamente que todas las instituciones públicas se sometan al interés nacional de reducción del déficit. En contra de las previsiones y advertencias iniciales, el Gobierno admitió ayer que todas las comunidades se disponen a remitir sus planes de ajuste, incluso en los casos en que llevan aparejados enormes sacrificios para los ciudadanos, sin que el color político de sus gobernantes vaya a resultar obstáculo para su aceptación. De hecho, comunidades dirigidas por partidos distintos al dominante a nivel nacional, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco, han enviado sus planes subrayando su lealtad a la política estatal que les implica a pesar de que se posicionen ideológicamente en contra de los recortes decretados o impulsados por el Gobierno de la nación. Marchan todos, pues, por la senda del saneamiento de las cuentas públicas.