Las residencias de mayores vuelven a ser un foco de mortalidad en la pandemia del Covid en España. Sólo en la semana pasada murieron 150 ancianos en las residencias. En marzo, el Gobierno confirmó la defunción de 29.408 mayores de estos centros en el primer año de la pandemia. Fueron los primeros en vacunarse, lo que parecía justo y necesario. Tras las vacunaciones creímos que era un problema resuelto. Sin embargo, desde el 1 de abril al 30 de junio fallecieron 349 ancianos por Covid en residencias, según fuentes oficiales. Y en la última semana han registrado 150 muertos. No es igual que en el primer año de la pandemia, pero algo está fallando. Centenar y medio de muertos no es una anécdota.

Por eso, es una vergüenza nacional que no se obligue a que todos los trabajadores de las residencias de mayores estén ya vacunados. Y que no haya despidos procedentes o improcedentes de los trabajadores que no se vacunan porque se niegan. Está demostrado, incluso por los rastreadores más torpes, que el personal externo fue el principal elemento de introducción del virus en las residencias. También, aunque en menor medida, los familiares.

La prohibición de visitas a los mayores fue una de las consecuencias de daño psicológico más graves causadas por la pandemia. Además del desapego físico de sus familias, esa falta de contacto creó secuelas irreversibles a muchas personas. Sin duda, los cuidadores y empleados se esforzaron por paliarlo, con una labor afectiva muy elogiable. Por lo que no es admisible que algunos se nieguen a vacunarse y sigan en contacto con los más vulnerables.

La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha recomendado que esos trabajadores de residencias sin vacunar ejerzan labores en las que no haya contacto con los ancianos. ¡Oiga, ministra lista, que trabajan en una residencia de mayores, no son asesores de su Ministerio! La ministra, el presidente Sánchez y el inefable coordinador Fernando Simón no pueden ensuciar aún más su hoja pandémica. Deben intervenir en este asunto, antes de que se les vaya de las manos en la próxima ola de otoño-invierno. Con tercera dosis para los mayores, si preciso fuere, y con vacunación obligatoria para los empleados.

En este país hay algunos médicos y enfermeros negacionistas, aún sin vacunar, y trabajadores esenciales que se han escabullido. No es sólo una falta de solidaridad con los demás. En una democracia occidental, además de derechos, deben existir obligaciones ineludibles. Gusten o no.