LA muerte en brutal accidente de cuatro jóvenes de la localidad sevillana de Brenes, cuyo vehículo chocó contra un camión, pone el contrapunto trágico a la disminución de la siniestralidad en carretera, una tendencia constante de los últimos años que se ha visto reforzada por las medidas impuestas por la Dirección General de Tráfico. En lo que va de 2008 se ha registrado un hecho insólito: cada mes ha habido menos de doscientas víctimas mortales en accidentes de carretera. Hace cinco años, por ejemplo, hubo el doble de muertos en abril que en el año en curso. El punto negro está en el sector de los motoristas, donde se producen aumentos constantes de mortalidad, lo que probablemente exija un tratamiento jurídico y material específico. La reducción de la siniestralidad vial ha sido posible por los cambios legislativos realizados, como la introducción del carné por puntos, los mayores controles de alcoholemia y sobre el consumo de otras sustancias, la intensificación de las campañas informativas y preventivas que han derivado en una mayor conciencia ciudadana y, finalmente, la reforma penal que castiga con penas de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a los que conducen sin estar en posesión del pertinente carné, una práctica desgraciadamente habitual en ciertos sectores sociales. Precisamente el jueves, 1 de mayo, terminó la moratoria ofrecida por Interior para los conductores en los que concurre esta circunstancia, lo que ha dado origen a las primeras detenciones (un hombre de Algeciras fue el primer pagano de la nueva norma: le detuvieron una hora después de su entrada en vigor). Aunque las medidas represivas no lo son todo en el combate público contra esta lacra de la muerte en la carretera, la experiencia de los últimos años indica que un mayor rigor en las leyes y en su aplicación es imprescindible para que España entre también en este terreno en el camino de la normalidad. Como el país desarrollado que es.