CUANDO se constituyeron las primeras cajas de ahorros en España, en la primera mitad del siglo XIX, éstas surgieron de la evolución de los montes de Piedad, instituciones de tipo benéfico creadas en Italia, en el siglo XV, por iniciativa de los franciscanos y cuyo objetivo era otorgar préstamos prendarios sin intereses para satisfacer las necesidades más elementales a las poblaciones mas pobres. Al cabo del tiempo, estos recursos se manifestaron insuficientes y fue en el Concilio de Letrán (1515) cuando se admite la posibilidad de introducir un moderado tipo de interés, no sin la oposición de la Iglesia. Años mas tarde, el Concilio de Trento (1545-1563) proclamó el carácter benéfico de los montes de Piedad.

Las primeras cajas de ahorros españolas nacen en el siglo XVIII con un sensible retraso con respecto a la del resto de países europeos y casi siempre ligadas a los montes de Piedad, con el objetivo de canalizar el ahorro popular hacia la inversión y realizar una labor social en sus respectivos ámbitos de actuación.

Nadie se pudo imaginar que la Obra Social iba a constituirse como la más destacada fuente de prestación de servicios culturales, sociales y asistenciales en el conjunto nacional, mediante las asignaciones que, por disposición legal, debían de destinarse a las mismas.

Dichas aportaciones per legem, que ascendieron en el año 2009 en torno al 30% de su beneficio neto, se verán disminuidas considerablemente por su conversión en bancos, aun cuando se creen las fundaciones previstas. Los problemas de apalancamiento derivados de la burbuja inmobiliaria metieron en graves problemas a las cajas de ahorros, al financiar proyectos inmobiliarios de construcción que, a priori, parecían rentables pero que como consecuencia del estallido de la burbuja se vinieron abajo en cascada con un efecto dominó.

La reforma de las cajas de ahorros persigue la separación explícita de las dos principales fuentes de negocio y actividad: por una lado, el negocio financiero, y por otro lado, la acción social.

De hecho ya, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el FROB, las aportaciones a las nuevas fundaciones se reducirán al menos a la mitad, por lo que la dedicación a la cultura, al arte, al deporte y al tercer sector sufrirá las consecuencias, sobre todo en este último caso que, mayoritariamente, atiende a los sectores mas desfavorecidos.

A partir de ahora, la labor social de las cajas deberá realizarse a través de la creación de unas fundaciones dependientes de las mismas, de manera que se consiga que el negocio financiero no se vea afectado por la labor social que lleve a cabo la entidad y, viceversa.

Si miramos hacia atrás, debemos preguntarnos si el tercer sector no ha sido, en parte y sobre todo a nivel local, demasiado dependiente y está lo suficientemente profesionalizado para enfrentarse al futuro que se le avecina ante el descenso de aportaciones o asignaciones provenientes de las futuras fundaciones.

La responsabilidad corporativa de las empresas resultantes en este proceso de reforma jugará un papel decisivo como compañero de viaje en ese camino hacia la profesionalización del tercer sector y su gran reto de afrontar su supervivencia ante la "bancarizacion de las cajas" y la ausencia de recursos económicos, de una Administración cada vez mas mermada.

Todo ello requiere un nuevo enfoque de las futuras fundaciones de las "nuevas cajas" más orientadas a la actividad de las mismas, a las demandas y expectativas de sus stakeholders, al desarrollo de proyectos conjuntos con otras entidades y, en definitiva, a un "nuevo" enfoque de la política de responsabilidad corporativa que, en el nuevo panorama ya no dependerá de un porcentaje de beneficios establecidos con carácter obligatorio, sino de la estrategia y puesta en valor de la misma por parte de los futuros accionistas, de manera voluntaria y no obligatoria, como antes.

Un gran cambio que nos debe hacer reflexionar sobre las amenazas, pero al mismo tiempo las oportunidades y retos que se presentan ante el nuevo paradigma del nuevo papel social del sector.