EL Consejo Consultivo de Andalucía, máximo organismo de asesoramiento institucional de la Junta, ha hecho entrega al presidente Griñán de su memoria de actividades correspondiente al año 2008. El presidente del Consejo, Juan Cano Bueso, ha difundido la principal de las conclusiones del informe: el retorno paulatino de los municipios a la legalidad urbanística. Se trata de una buena noticia. Las irregularidades e ilegalidades en el urbanismo andaluz, especialmente el del litoral, han adquirido tal dimensión en los últimos años que la imagen de Andalucía ha quedado seriamente afectada. A ello han contribuido la necesidad de financiación de los ayuntamientos, la voracidad del sector inmobiliario y su propia capacidad de generación de empleo, siempre tan necesario en esta comunidad autónoma. Después de los escándalos que han tenido como epicentro la Costa del Sol las autoridades políticas han tomado conciencia de la necesidad de poner coto a los desmanes. La creación de fiscalías anticorrupción, la actuación más decidida de la investigación policial y la exclusión de la vida política de los ediles corruptos han creado un entorno diferente, enemigo del urbanismo salvaje y propenso a deshacer , o al menos intentarlo, los entuertos del pasado. El Consejo Consultivo da fe de que se ha producido un esfuerzo de los ayuntamientos más concernidos (cita expresamente los de Marbella y Estepona) por ajustar su actuación a la legalidad en materia urbanística, a lo que ha contribuido el mayor conocimiento de funcionarios, alcaldes y concejales sobre los procedimientos administrativos sobre licencias y suelos y el efecto disuasorio que han tenido las operaciones judiciales y policiales que se han puesto en marcha. La revisión de las licencias concedidas irregularmente en la etapa anterior es uno de los principales desafíos de los municipios, a los que se debe ayudar para que no recaigan en la tentación, sobre todo en una coyuntura de agobiante crisis económica en la que no es fácil renunciar a los ingresos sustanciosos procedentes de la actividad inmobiliaria. Ha de hacerse, sin embargo, y trabajar conjuntamente para que el urbanismo depredador y esquilmador no vuelva a enseñorearse de lo mejor de nuestras costas.