LA avalancha de casos de corrupción de los últimos tiempos, ampliamente difundidos por los medios de comunicación, unida a la crisis económica, ha provocado un sentimiento de desafección hacia la denominada clase política y una importante pérdida de credibilidad de las instituciones públicas. Según Transparencia Internacional, España mereció en el año 2014 el puesto nº 37 en el Índice de Percepción de la Corrupción, una de las puntuaciones más bajas de nuestro país en los últimos quince años.

Ante dicha realidad, procede, sin duda, la adopción de medidas contundentes más allá de las meras condenas de los distintos escándalos denunciados. En este sentido, existe un consenso generalizado de que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, lo que ha generado la promulgación de normas estatales y autonómicas en la materia en los últimos tiempos. En particular, el Parlamento andaluz aprobó el 24 de junio de 2014 la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que entrará en vigor el 16 de julio del presente año.

La expresada ley no debería contemplarse como una solución meramente estética o coyuntural a la lacra de la corrupción, sino que su principal objetivo es implementar una nueva concepción de la gestión pública, centrada en facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena. La Ley de Transparencia proclama como principios de actuación de la Administración andaluza los de racionalidad organizativa, simplificación de procedimientos, imparcialidad, transparencia, buena fe, protección de la confianza legítima, no discriminación y proximidad a los ciudadanos.

La transparencia informativa se apoya, de manera fundamental, en las nuevas tecnologías que facilitan enormemente la difusión de la información pública y la interactuación con los ciudadanos. Sin internet sería prácticamente imposible el desarrollo efectivo de las políticas de Open Data y Open Government, que se enmarcan en un importante movimiento internacional que propugna la adopción de políticas que comporten un avance en la democracia participativa.

Los dos grandes ejes del texto legal son la publicidad activa y el derecho a la información. Mediante la primera, las administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para facilitar a los ciudadanos, de manera proactiva, el conocimiento de la información pública, a través de los portales de transparencia, de una manera responsable, veraz, fácil, estructurada, actualizada, accesible, reutilizable y gratuita. Dicha obligación de publicidad es exigible a todo el sector público, pero también a los partidos políticos y organizaciones sindicales y empresariales y a las entidades privadas que se financian con dinero público.

Igualmente, se proclama el derecho de todas las personas a acceder a la información que no sea de obligada publicación. El ejercicio de este derecho no se condiciona a la concurrencia de un interés personal, tampoco está sujeto a motivación ni requiere la invocación de norma alguna y las limitaciones a su ejercicio -fundamentalmente derivadas de la posible afectación a datos de carácter personal- deben ser justificadas y proporcionadas a la finalidad de protección. Por fin, se establece un régimen sancionador que prevé, incluso, la medida de cese en el cargo para el autor de las infracciones más graves.

En definitiva, la implementación de la ley supone una ardua tarea que implicará la dotación de recursos técnicos, formación de personal y una organización y planificación acordes con el objetivo de conseguir una Administración realmente transparente. Sin embargo, por encima de todo, los responsables políticos deberán ser muy conscientes de que la sociedad demanda un cambio radical en la concepción de la gestión pública, una Administración que interactúe con los ciudadanos, que sea eficiente, responsable y sostenible.

La transparencia es, por tanto, una obligación para las administraciones públicas andaluzas, pero, a su vez, genera la oportunidad de normalizar la vida política y relegar la desconfianza hacia las instituciones.