EL Gobierno de Rajoy prepara la reforma de las pensiones. El mes pasado creó una comisión de expertos para la elaboración de un informe sobre la misma y anunció la aprobación de un proyecto de ley antes del verano. Ya el Pacto de Toledo sobre las bases del sistema público de pensiones acordó incorporar a éste el llamado "factor de sostenibilidad": la evolución periódica de las pensiones en función de los cambios demográficos. Hasta aquí todo parece correcto, siempre que se respete el espíritu del Pacto: la mejora del sistema y el consenso político y social como base de la reforma.

Habrá que esperar al informe de los expertos, pero no creo equivocarme si el Gobierno, con la excusa del "factor de sostenibilidad", plantea una reforma global de las pensiones actuales y futuras: retraso en la edad de acceso a la jubilación, aumento del periodo de cálculo, más años de cotización y la sustitución del Índice de Precios al Consumo (IPC) como criterio de revalorización anual de la cuantía de las pensiones. Ya en marzo, sin acuerdo, endureció los criterios de acceso a la jubilación anticipada y parcial convirtiéndolas en opciones poco menos que imposibles.

Cabe preguntarse, dados los antecedentes, si detrás de la reforma existe el planteamiento ideológico de debilitar el carácter público de las pensiones, la garantía del Estado, abriendo las puertas a un modelo de capitalización de las mismas. En román paladino un sistema con una cuantía mínima de las pensiones con garantía pública para todos, haciendo depender el resto de la cuantía de la capitalización individual de las cotizaciones. Si es así, la base del sistema, la solidaridad intergeneracional entre activos cotizantes y pensionistas se resquebrajará. Y los fondos privados y las aseguradoras, a la espera.

Los cambios demográficos (el bajo índice de natalidad, el envejecimiento de la población y el aumento de las expectativas de vida) condicionan profundamente los sistemas de pensiones. En Europa, y con mayor intensidad en España, hay menos jóvenes, más personas mayores y éstas, afortunadamente, viven más años. Es decir, menos cotizantes (menos ingresos) y más pensionistas que perciben la pensión durante más años (más gasto). A ello hay que añadir, aunque sea coyunturalmente, el aumento del paro como consecuencia de la crisis.

¿Son necesarias las reformas? Sí, pero depende de lo que se reforma, cómo y cuándo se llevan a cabo. Algunas consideraciones: en primer lugar, el Gobierno relaciona deliberadamente crisis económica y futuro de las pensiones, para utilizar aquélla como excusa para la reforma. Pero los cambios demográficos no son consecuencia de la crisis, son anteriores a la misma y continuarán una vez superada ésta. Es decir, estamos ante un problema estructural del sistema de pensiones. Es cierto que la crisis aumenta dramáticamente las cifras de paro que afectan negativa pero coyunturalmente al sistema de pensiones. Entonces, ¿por qué ahora? La crisis ha provocado paro, desigualdad, exclusión social, ¿por qué añadir incertidumbre e inseguridad sobre su pensión a pensionistas actuales y futuros? Muchos expertos consideran que no es prudente hacer reformas profundas en épocas de crisis intensas, condicionadas por los mercados. Es mejor hacerlas en etapas de crecimiento económico y prever en ellas los ciclos adversos.

En segundo lugar, ya hubo una reforma importante del sistema de pensiones. La ley 27/2011 de 1 de agosto retrasó la edad de jubilación a los 67 o 65 años según los años de cotización en el 2027. Se modificó el acceso a la jubilación anticipada y parcial y se estableció que, a la vista de los resultados de la reforma, se procedería, a partir de 2027, a la aplicación del "factor de sostenibilidad". Hubiera sido mejor, antes de proceder a nuevas reformas, evaluar los resultados de las medidas ya adoptadas. Sobre todo teniendo en cuenta que la reforma de 2011 fue el resultado de un acuerdo con los agentes sociales y que el propio Gobierno de Rajoy reconoció posteriormente que "la ley 27/2011 supuso un avance muy relevante para reforzar la sostenibilidad del sistema".

El sistema público de pensiones es un pilar fundamental del Estado de bienestar, seña de identidad de las sociedades democráticas europeas. El Gobierno del PP errará si pone en cuestión el carácter público del sistema y el contrato social entre activos y pensionistas que le sirve de sostén. Dentro de los compromisos del Gobierno con la troika europea está el de la reforma de las pensiones. No creo que sea el momento oportuno, pero tomada la decisión ésta debería ser el resultado de la participación ciudadana, el acuerdo social y el consenso político. Si no es así le auguro más respuesta ciudadana.