RESULTA natural, e incluso estimulante, que en cada aniversario de la Constitución se reproduzca el debate sobre la necesidad o conveniencia, o ninguna de las dos, de su reforma. No pasa un 6 de diciembre sin pronunciamientos al respecto. Tampoco el de ayer, cuando la Carta Magna cumplía 34 años.

El debate es, sin embargo, baladí. La Constitución de 1978 se quedará por ahora como está. Por una razón de fondo: ninguna reforma que pudiera emprenderse en este momento concitaría un consenso más amplio que el logrado por la vigente. Ni por parte de las fuerzas políticas llamadas a elaborarla ni por parte de los españoles emplazados a refrendarla.

Los dos partidos mayoritarios, sin cualquiera de los cuales sería imposible alcanzar ese consenso jurídica y políticamente imprescindible, estarían interesados en promover cambios constitucionales diferentes y, en algunos aspectos, antitéticos. Al PP, por ejemplo, le gustaría alterar la distribución de competencias entre la Administración Central y las Administraciones autonómicas, en favor de la primera. El PSOE querría lo contrario, superar el Estado de las Autonomías y caminar hacia el federalismo para facilitar el encaje de los nacionalismos ricos.

En realidad, lo único en que podrían coincidir populares y socialistas sería en la reforma del Senado o la eliminación de la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona. A cambio de estas mejoras menores se abriría un proceso lleno de incertidumbre y desestabilización que, además, terminaría, seguro, sin el gran pacto nacional que garantizase el éxito de la operación.

La verdad, no merece la pena pagar tan alto precio por tan menguada, y sólo hipotética, ganancia. Además, si PSOE y PP no se ponen de acuerdo ni siquiera para sacar adelante una reforma educativa que no sea de uno ni de otro, sino de todos, ni para pactar el alcance de los ajustes y el reparto de los sacrificios para atajar la crisis, ¿con qué talante y con qué voluntad irían a una negociación para reformar la Constitución y transigir ambos en sus concepciones sobre la configuración territorial del Estado, los derechos sociales o la elección del poder judicial?

Con toda seguridad la Constitución no ha de ser un corsé intocable y sagrado, sino un marco supremo de convivencia adaptable a las nuevas realidades. Ocurre que los constituyentes, escarmentados por la historia truculenta de la España contemporánea, establecieron grandes cautelas y obstáculos para cambiarla, que siguen en vigor. El principal, un acuerdo muy mayoritario y un procedimiento trabajoso y largo. Ahora no se dan las condiciones para cumplir estos requisitos. Por eso la Constitución se quedará como está.