FRUTO de la mejora de la economía y del incremento de la recaudación, la Junta dispondrá para el Presupuesto de 2016 de 1.712 millones de euros más, pero la ley de estabilidad presupuestaria impide que todo se traslade al gasto corriente y a las inversiones: hay una regla de gasto que limita este aumento al 1,8%. Lo que la Junta intenta ahora es que, cumpliendo esta regla, pueda disponer de la mayor cantidad posible de esos fondos para 2016, y para ello ha propuesto una metodología de cálculo al Ministerio de Hacienda. Es una buena iniciativa porque, entre otras razones que le acompañan, el Gobierno carece de ella a pesar de que así se lo ha recomendado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el organismo de vigilancia de la estabilidad de las cuentas públicas. El Gobierno deber responder cuanto antes porque es ahora cuando las comunidades autónomas, no sólo Andalucía, están confeccionando sus presupuestos, aunque no es un problema que afecte a todas, sino precisamente a aquellas que están cerca del equilibrio presupuestario, a punto de alcanzar el cero en el déficit. La regla de gasto trata de impedir que las administraciones empleen lo que podrían ser ingresos coyunturales de la bonanza económica a gastos permanentes, de tal modo que se conjure el grave problema de deuda y desequilibrio de años pasados. Es una medida adecuada que la Junta debe cumplir, pero hay margen en su aplicación. Cabe recordar que incluso los objetivos de déficit se han modificado, por lo que también es preciso discutir y acordar cómo se aplica la regla, porque es precisamente ahora, con la mejorar económica, cuando cobra su importancia. Básicamente, la Junta sostiene que hay gastos que no deben estar sometidos a esta regla, como algún tipo de inversión o partidas exentas. Por ejemplo, de los 1.712 millones de euros, más de la mitad, 959 millones, corresponden a la liquidación del año 2014; en ese ejercicio, el Gobierno central no calculó bien la recaudación prevista en Andalucía, por lo que ahora reajusta al alza esa cantidad. Es, por tanto, una partida que debe quedar fuera porque en 2014 sí se cumplió con los requisitos de deuda y déficit a pesar de no contar con ese dinero. Es bueno que el Gobierno y la Junta discutan sobre esto desde un punto de vista técnico porque ambas instituciones aceptan la mayor, que es el cumplimiento de la regla; no se trata de dirimir cuánto nos castiga Madrid ni qué derrochadora es Andalucía. La Junta necesita gran parte de esos fondos para mejorar la posición de sus empleados, pero también debe acometer una reforma fiscal para reducir algunos de los índices de IRPF más altos de España.