EL Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha puesto en cuestión la reordenación del sector público impulsada por el Gobierno andaluz, primero mediante decreto y luego a través de una ley aprobada por el Parlamento autonómico. Lo ha hecho al dictar sentencia sobre el recurso planteado por una asociación de empleados de la Junta que consideró vulnerados sus derechos por el decreto que integró a más de quinientos trabajadores del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras en un nuevo organismo, una Agencia, creado en el proceso de reestructuración decidido por el Gobierno autonómico. La sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha aceptado el recurso y acordado la nulidad del decreto, sobre la base de que con su aplicación la Junta confirió condición y potestades de empleados públicos a trabajadores que ella misma había ido contratando sin exigir los requisitos de acceso a la Administración que se piden a todos los funcionarios (publicidad de las convocatorias, capacidad y mérito). Por ello, dice la sentencia, se han vulnerado derechos fundamentales de los funcionarios y la Junta ha actuado con desprecio hacia el Estado de Derecho. Son conclusiones rotundas y graves en la medida en que cuestionan una de las medidas políticas más relevantes adoptadas por el Gobierno andaluz en los últimos años y avalan, en alguna medida, las protestas y movilizaciones de un amplio sector del funcionariado contra la ley de reordenación. Ciertamente, se trata de la sentencia dictada sobre un caso concreto y en torno al recurso de un grupo de trabajadores de la cultura, pero es de destacar que los decretos y protocolos de integración de colectivos de trabajadores contratados en los nuevos organismos político-administrativos creados en el desarrollo de la citada ley guardan mucha semejanza con el ahora rechazado. Habrá que aguardar las sentencias de los numerosos recursos en trámite para comprobar si este varapalo a la Administración autonómica acaba o no por liquidar sus propuestas de reforma interna.