COMO el resto de las comunidades autónomas, Andalucía ha enviado al Ministerio de Hacienda en tiempo y forma el plan de ajuste que le permitirá acogerse al programa de pago a los proveedores, justamente impacientes ante un retraso que les estaba conduciendo a la reducción de plantillas o, directamente, al cese de la actividad.

Lo ha hecho, la Junta, mediante una retención de crédito de 2.697 millones de euros de su presupuesto de 32.000 millones aprobado en diciembre. Ese dinero, para entendernos, se declara no disponible. Como si no existiera. La circunstancia de que el Gobierno andaluz esté en funciones le ha permitido, con toda legitimidad, escurrir un bulto problemático: concretar a qué partidas presupuestarias afectarán los recortes y en qué cuantía.

Habrá de ser, pues, el Gobierno de coalición que se forme esta misma semana -una vez José Antonio Griñán sea investido, mañana, de nuevo presidente con los votos del PSOE e IU- el que afronte la distribución de los sacrificios entre sus consejerías y, en definitiva, entre las políticas que va a desarrollar en los próximos cuatro años. Se acabará así una situación cómoda que los gobernantes andaluces han podido disfrutar gracias a esa coincidencia temporal entre el plazo concedido por el Gobierno para conocer los ajustes autonómicos y el de la formación del gobierno andaluz salido de las urnas el 25-M.

Es lo que ha permitido a la Junta mantener un discurso sobre la crisis radicalmente opuesto al del Gobierno de la nación. Frente a los recortes, defensa del Estado de Bienestar, y si no hay más remedio que recortar, será porque lo imponga Rajoy en los asuntos de su competencia (copago farmacéutico, matrículas universitarias, más alumnos por aula y más jornada para los profesores). Se acerca, sin embargo, la primera hora de la verdad -en realidad habrá varias más- en la que los socios inminentes PSOE e Izquierda Unida habrán de desvelar, además de cómo se reparten los sillones, cómo se reparten también las restricciones que cada sillón llevará esta vez adosadas para sumar esos 2.697 millones que ya no podrán utilizarse aunque estén en el ilusorio presupuesto aprobado en diciembre.

Dos cosas son seguras. Una, que este recorte no es una recomendación, sino una norma de obligado cumplimiento, como lo es la ley de estabilidad presupuestaria que también obliga a la Junta en manos de socialistas y poscomunistas a no pasarse en déficit público (vamos, a aumentar los ingresos y/o reducir los gastos). Dos, que ningún consejero o consejera de los que Griñán nombre aceptará de buena gana el tijeretazo que le toque. Todos considerarán que su consejería es la más importante para el progreso de los andaluces.