En febrero de 2018 Irene Montero escribió un tuit llamando a cargarse al Gobierno Rajoy porque el IPC había subido un 1,1%, un dato insoportable para la vida de la gente. Por la misma lógica ahora quizás habría que correr a gorrazos al Gobierno Sánchez en el que se integra la ministra feminista y tuitera frenética: la inflación en marzo de 2022 multiplica por nueve la de entonces.

No es culpa de Pedro Sánchez, sino de la guerra de Ucrania y la crisis energética. Sí es responsabilidad de Pedro Sánchez la respuesta a esta crisis pavorosa que no es que amenace la prosperidad de la sociedad española, es que ya la ha empobrecido. La vida cuesta un 9,8% más que hace un año. Así de sencillo. Hacía treinta y siete años que las familias no perdían tanto poder adquisitivo en tan poco tiempo.

La gestión que el Gobierno está haciendo presenta claroscuros. Ha acertado, por ejemplo, en el logro de la excepcionalidad ibérica en el mercado de la energía, que permitirá contener el recibo de la luz, la extensión del bono social y el frenazo a la subida en el alquiler de viviendas; es decir, en medidas dirigidas a proteger a los colectivos más vulnerables sin afectar desmesuradamente a las arcas públicas.

En todo lo demás hay lo característico de este Gobierno (que cada vez son más dos gobiernos en uno): improvisación y cesarismo populista. La crisis de los transportistas se ha afrontado con una miopía aterradora -por lo que revela de incapacidad para captar el malestar de la calle-, la subvención de los combustibles es puramente demagógica por beneficiar por igual a todos los consumidores, ricos o pobres, aplicarse de modo chapucero agraviando a las gasolineras más modestas y, sobre todo, refleja con fidelidad el mecanismo de gobernación de España impuesto por Sánchez. El ordeno y mando.

Esto es lo más importante. ¿Cómo se afronta la crisis más grave de los últimos quince años? Primero, tardando un mundo en reaccionar. Segundo, improvisando medidas discutibles y recetas confusas. Tercero, llevándolas ya cocinadas al Parlamento para exigir que la oposición las convalide y bendiga so pena de ser anatemizada como falsa patriota que no arrima el hombro. Por el camino siempre queda algún compromiso eludido, como las rebajas fiscales que se prometieron a los presidentes autonómicos en La Palma.

Y todo se cuece en la pequeña Ciudad Prohibida de La Moncloa a la que se refería aquí el amigo Ignacio Martínez.