SI ayer le dejé a alguien la impresión de estar en contra de que la Junta de Andalucía diseñe y ejecute planes para mejorar esta tierra es que me expliqué mal. Nada más lógico, y obligado, que una institución organice y planifique el uso más adecuado de los recursos de que dispone para conseguir sus objetivos (en el caso de la Junta, el bienestar de los andaluces).

Lo que molesta es la rimbombancia. Esa solemnidad que sólo apunta a propagandística. ¿No puede acaso cada consejero poner en marcha las iniciativas que estime oportunas para el desarrollo de las cosas sobre las que tiene competencias? ¿Es necesario presentar de golpe cincuenta planes para un solo año, que además se pretenden "estratégicos", como para darse importancia?

Cuando se examinan de cerca, muchos de estos planes no pasan de ser un conjunto de medidas de la administración ordinaria de cada consejería (insisto en un ejemplo de ayer: un plan director para el despliegue territorial de la unidad de la policía autonómica) que, siendo oportunas, no rozan ni de lejos la dimensión de relevancia que se les intenta dar. Otros planes sí se proyectan sobre asuntos importantes, pero no cuantifican costes ni concretan plazos, por lo que corren el riesgo de convertirse en brindis al sol, catálogos de buenas intenciones o deseos tan inobjetables como inalcanzables.

No tiene mucho sentido pregonar grandes proyectos -salvo por eso mismo, por pregonarlos- ni presentar reformas y cambios sustanciales si no se tienen los recursos necesarios para acometerlos. Zapatero llegó a reunir un Consejo de Ministros extraordinario en Sevilla para aprobar una ley de economía sostenible que iba a revolucionar la estructura económica de España. Nunca más se supo. Chaves firmó un Pacto por la Vivienda, también con su ley, llamado a hacer del derecho a la vivienda una realidad material exigible a las autoridades y no un desiderátum. El pacto era de lo más completo: firmaban empresarios y sindicatos, bancos y cajas de ahorros y ayuntamientos, se fijó en 700.000 el número de viviendas a construir (casi la mitad, VPO). Con lo que no se contó fue con la crisis, que se llevó por delante cualquier posibilidad de financiación y toda viabilidad de mercado.

Con frecuencia los gobernantes justifican sus ínfulas y sus logomaquias en la necesidad de hacer soñar a los gobernados, embarcándolos en proyectos ideales y unciéndolos a utopías que los eleven de la mediocridad de la vida cotidiana. Creo que los gobernados preferirían más realismo.