LAS medidas de ahorro energético adoptadas por el Gobierno de la nación tratan de responder a la inestabilidad en el mundo árabe, que ya ha incidido en un aumento del precio del petróleo y podría originar también, si todo va mal, en la garantía de suministro de crudo. La economía española es netamente dependiente de las importaciones de energía, que suponen un 75% del total que necesita para funcionar. Esta dependencia, y la idea colectiva equivocada de que la energía está siempre a nuestro alcance, cuando en realidad es muy cara, explica por sí misma la necesidad de un plan de ahorro. En este sentido, está justificada la limitación de velocidad en autovías y autopistas, así como la reducción de la iluminación pública en ciudades y pueblos, el impulso al transporte público e incluso esa especie de Plan Renove que subvenciona la sustitución de las ruedas de los vehículos de motor. Aun así, hay que resaltar las improvisaciones a que es tan propenso el Gobierno que, por ejemplo, ha tenido que asumir el coste de la rebaja de tarifas en los trenes de cercanías y parte del que va a suponer el cambio de farolas y bombillas, ya que en uno y otro caso había decidido ponerlas en práctica sin negociar con las comunidades autónomas y municipios que detentas las competencias en la materia, después de que unas y otros objetaran la imposición por parte del Ejecutivo. Lo cierto es que algunas de las medidas ahora decididas ya formaban parte del programa de ahorro aprobado en 2008 en peores circunstancias, con el barril de petróleo a 140 dólares, y que en parte nunca fueron aplicadas. Igualmente, conviene recordar que en los últimos años el Gobierno ha rechazado en el Congreso hasta tres propuestas de revisión del sector energético orientadas en la misma dirección del plan actual. Esta contradicción viene a reflejar que el Gobierno mantiene al respecto una perspectiva cortoplacista, a remolque de los acontecimientos y en permanente adaptación. Lo que se echa en falta es un auténtico plan nacional de energía con la mira puesta en el ahorro, la diversificación de las fuentes de suministro ya la adopción de una política que, sin tabúes ni prejuicios, analice qué subsectores conviene potenciar, que no son otros que los que garanticen en mayor medida la garantía del suministro, la seguridad, la viabilidad y el menor coste. Mientras no se haga esto estamos condenados a improvisar actuaciones efectistas y coyunturales.