Con los indultos concedidos no pueden respirar tranquilos los independentistas catalanes que se han beneficiado de ellos, ni tampoco el Gobierno de Pedro Sanchez. Queda un segundo obstáculo, o una piedra más en este camino, como ha venido a llamarla el ministro Abalos. Y esta piedra no es menuda porque se trata de las responsabilidades contables que tienen los independentistas, por la promoción exterior del procés y que afecta a 39 de ellos, además de los gastos y daños causados por el asedio al Parlamento los días 14 y 15 de junio de 2011. Desestimados los recursos interpuestos, el martes el Tribunal de Cuentas les ha notificado la cantidad que deben depositar como fianza, bajo la amenaza de embargo preventivo. Se trataba de esclarecer si usaron dinero público en los viajes, delegaciones en el exterior y en el ente Diplocat para promover la independencia. Como no consta que los dirigentes independentistas catalanes pusieran de su bolsillo dinero alguno, sino que, lo han puesto todos los españoles, ese dinero debe ser devuelto.

Aquí el Gobierno de Sanchez parece que no encontrará las facilidades que tuvo para los indultos carcelarios. Para este segundo caso, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden que hay que exigir responsabilidades dinerarias a los altos cargos catalanes y la cuenta no es pequeña, porque son 5,2 millones de euros, más 4,1 por el referendúm ilegal, más lo gastado en acción exterior del procés desde 2011 a 2017. Esta responsabilidad es solidaria y por tanto, puede exigirse a cualquiera el pago íntegro de la deuda

El PP goza de mayoría en el Tribunal de Cuentas (cuenta con 7 de los 12 miembros) y puede bloquear su renovación. Los cargos vencen a mediados de julio y, de momento, se niega a negociar esa renovación, a la vista de los indultos concedidos y conocida ya la sanción de 5,4 millones de euros que se impondrían a 39 ex altos cargos de la Generalitat. De votarse, el PSOE, por el voto negativo mayoritario, no conseguiría quitar esa piedra, porque no cabe el recurso contra sus decisiones, porque no se trata de una instancia administrativa, sino de un organismo judicial, aunque la ministra Montero, tan habladora, crea lo contrario. Por ello, el Tribunal de Cuentas puede impedir que se sigan quitando piedras del camino, cuyo objetivo no puede ser otro que contar con el aprecio de los independentistas, además de su voto, para la reelección de Sánchez.

Resulta chocante que la ministra acuse al PP de una actitud "tremendamente antidemocrática" por este obstruccionismo, cuando su Gobierno se está olvidando del artículo 1 de la Constitucion.