EL portavoz del Gobierno vasco ha aprovechado la metedura de pata del Ministerio del Interior al anunciar precipitadamente la operación policial contra los abogados de ETA para volver adonde solía, a criticar la política antiterrorista. Dice que las detenciones estorban el "proceso de paz". Preguntas: ¿cuándo le parecerá bien al PNV que la Policía, la Guardia Civil y los jueces arresten a presuntos miembros y desarticulen presuntas tramas de una banda terrorista que no se ha disuelto y que ha ordenado a sus presos y ex presos que lamenten el daño causado, pero sin arrepentirse ni pedir perdón por los crímenes cometidos, sino, al contrario, jactándose de lo que hicieron? Cuando no es por una cosa es por otra, nunca el nacionalismo moderado aplaude que el Estado democrático reprima, ley en mano, a sus enemigos. Siempre encuentra alguna pega. Esta vez también la encontraron los concejales socialistas de San Sebastián, que fueron de la mano de Bildu en la condena de la redada contra los controladores de los terroristas que siguen en la cárcel.

Y lo mismo con las decisiones judiciales en el mismo sentido. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prohibido la manifestación de apoyo a los presos etarras prevista para hoy en Bilbao, y al portavoz del gobierno vasco le ha faltado tiempo para calificar el auto de "incomprensible" y "muy grave". A ver si conseguimos que lo comprenda. El magistrado no ha prohibido la marcha para cercenar los derechos de manifestación y expresión de unos ciudadanos que reivindican la libertad de los asesinos, sino porque la organización convocante ha sido creada para continuar la labor de otra organización, Herrira, que fue desmantelada en septiembre acusada de delitos de financiación y enaltecimiento del terrorismo. De hecho, el colectivo Herrira es el que había planificado por completo la campaña de agitación previa a la manifestación, diseñado la cartelería y los lemas, preparado las tarjetas simulando gotas de agua para cada manifestante y las fuentes de financiación. Lo redondearon montando para las horas previas una fiesta de exaltación. De exaltación de los presos que no se han arrepentido ni roto con la banda.

No han tenido la precaución de esconderse, como otras veces, poniendo como convocantes a ciudadanos limpios de antecedentes. Y, claro, el juez está obligado a impedir la exaltación del terrorismo. No sé si lo entenderá el portavoz del PNV.