CUANDO el Ministerio del Interior comunicó que había depositado en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz 12.390 expedientes de presos de la guerra y de la posguerra española, procedentes de los archivos el penal de El Puerto y las cárceles de Jerez y San Roque, nos enteramos también de que los expedientes de la Cárcel Provincial de Cádiz se habían perdido. A los pocos días, otra noticia sobre los desaparecidos expedientes causaba sorpresa y cierta indignación. Los documentos están en Cádiz, los tiene guardados la denominada Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuyo presidente, al parecer, los encontró hace años tirados en la calle, y los están preparando para entregárselos a las familias de los antiguos presos, pese al coste económico que la iniciativa parece suponer para la Asociación.

Sin cuestionar la buena voluntad que está detrás de esa idea, no debe ser ese el destino de los documentos. Cierto es que se trata de expedientes personales, de gente con nombre y apellidos, y que los familiares tienen derecho a conocerlos, pero no se debe olvidar que son documentos oficiales, testimonios de la historia reciente de España, y que deben estar depositados en un archivo público, a disposición de los familiares, pero también a disposición de los historiadores. Por eso, los expedientes de la Cárcel de Cádiz deben depositarse en el Archivo Provincial, junto a los de las otras tres cárceles que ya están allí. Y deben depositarse sin condiciones. Es cierto que hay que agradecer al presidente de la Asociación que "rescatara" de la calle los expedientes, pero como documentos que forman parte del patrimonio documental e histórico andaluz, ya deberían estar en el Archivo.

Como no es así, y como hay reticencias a la entrega de los documentos, a fines de agosto un grupo de ciudadanos solicitó la intervención de la Delegación del Gobierno en Andalucía, para que los expedientes pasen lo antes posible a ser custodiados, clasificados y puestos a disposición de los investigadores en el Archivo Histórico Provincial. La respuesta de la Delegación del Gobierno en Andalucía causa sorpresa e irritación, por la muestra de desinterés, por el intento de echar balones fuera, que se esconde detrás. Comunica la Delegación que la petición ciudadana ha sido derivada al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, es decir, al antiguo Archivo General de la Guerra Civil, de manera que se da a entender que no es competencia de la Delegación del Gobierno en Andalucía recuperar patrimonio documental, y que compete a la institución salmantina resolver todo lo referente a papeles de la guerra y posguerra.

Por suerte en la Delegación Provincial de Cultura tienen otra idea de lo que es el patrimonio histórico andaluz, y, cumpliendo con su obligación, están trabajando para que los documentos sean entregados en el Archivo Provincial, pues no hay ninguna excusa para que no sea así.