EL resultado de las elecciones andaluzas ha sido tal que no ha habido un mandato popular inequívoco sobre quiénes deben gobernar en Andalucía, puesto que ningún partido ha obtenido mayoría suficiente para hacerlo en solitario. Se sigue que cualquiera de las combinaciones posibles que alcancen más de 54 diputados es igualmente legítima en términos democráticos, puesto que los diputados elegidos son libres tanto de interpretar el resultado de las elecciones como de decidir la mejor forma de aplicar el compromiso adquirido con los ciudadanos. Esa libertad, que no está sujeta a mandato imperativo alguno, se aplica a todos y cada uno de los diputados. Eso concuerda con la idea de que el voto de los electores no es interpretable más que en sus propios términos. Cuando alguien emite su voto a favor de una opción política concreta, lo único que está diciendo es que prefiere que gobierne esa opción mejor que cualquier otra de las concurrentes y sería improcedente que alguien le atribuyese otras intenciones.

Hay, por tanto, tres grandes opciones de gobierno, sin entrar ahora en el dilema de si deben adoptar la forma de un pacto de legislatura o de un gobierno bicolor. Insistimos en que las tres serían acordes al espíritu de las normas democráticas y que es fácil argumentar a favor de cualquiera de ellas. La elección corresponde a los diputados. Aunque las tres son posibles, normales y defendibles, eso no significa que gocen del mismo apoyo electoral: las sencillas reglas de la aritmética elemental, que no son susceptibles de derogación política, así lo muestran.

La primera opción, que es la que se va aplicar, sería un acuerdo entre el PSOE e IU. Se sustentaría, en principio, en 59 diputados, un número suficiente, pero el menor de las tres combinaciones en juego. A su favor juega el argumento de que se trataría de un pacto entre fuerzas que se consideran de izquierdas y, en ese sentido, más parecidas entre ellas que cualquiera de las dos con el PP. Además, hay precedentes de ese tipo de acuerdos en muchos ayuntamientos, como el pasado de Sevilla, y en algunas comunidades autónomas, como ocurrió en Cataluña. Nada que objetar, excepto que no es la única posibilidad y que, en opinión de algunos miembros destacados de IU, hay más similitud entre el PSOE y el PP que entre cualquiera de esas dos formaciones e IU. Las dos orillas…

La segunda opción sería un acuerdo entre IU y el PP, que se sustentaría en 62 diputados, una mayoría suficiente y ligeramente mayor que la anterior. El principal argumento a favor sería la conveniencia de proceder a una alternancia en la gobernación de Andalucía, la única comunidad autónoma en la que hasta ahora no se ha verificado. No es que la alternancia sea obligatoria, pero no deja de presentar algunas ventajas, como la de evitar una cierta tendencia a la esclerosis que puede ir asociada a la perpetuación de un mismo partido en el poder. También hay precedentes en algunos municipios y en Extremadura. La pinza…

La tercera opción sería un acuerdo entre el PSOE y el PP, que gozaría del apoyo de 97 diputados, un número claramente mayor que los dos anteriores. A su favor contaría que permitiría abordar salir de la recesión económica y de la crisis laboral mediante la colaboración de las dos fuerzas principales en el Parlamento andaluz y contribuiría a evitar una indeseable confrontación con el actual gobierno español. Para los que piensen que esas dos fuerzas son demasiado distintas para que ese acuerdo sea factible, convendría tener presente que uno de los argumentos que algunos dirigentes de IU están dando para entrar en el Gobierno andaluz es que así se dificultaría que el PSOE y el PP lleguen a acuerdos en materia de política económica.

Tampoco carece de precedentes esta opción, como el caso del actual Gobierno vasco ilustra. Aunque el PP ostenta la mayoría absoluta en el Parlamento español, no han faltado analistas que recomienden un gran pacto de Estado entre el PSOE y el PP dada la situación crítica de la economía española y para poder abordar conjuntamente otros dos grandes retos: la disolución de ETA y abortar las pulsiones separatistas en Cataluña y el País Vasco. La gran coalición…

La legislatura que ahora se inicia será difícil y, si bien el punto de partida será un gobierno conjunto del PSOE e IU, de cuya legitimidad no tengo la menor duda, considero interesante estar atentos a la conveniencia de recurrir en algún momento a alguna de las otras dos opciones, igualmente legítimas y que gozarían de todavía mayor apoyo parlamentario y, por tanto, indirectamente, ciudadano.