No me resisto a recordar dos citas que ya he usado en otras ocasiones: la del juez Oliver Wendell Holmes del Tribunal Supremo de los EEUU que dejó establecido que la libertad de expresión debe existir para las opiniones minoritarias o desagradables, no para las que comparte la mayoría. Y la de Luis María Anson el día que cerraron el periódico Egunkaria: o se está con la libertad de expresión o se está contra ella. Observo con preocupación los problemas al respecto que han ocurrido en España a lo largo de los últimos meses: un chaval de Jaén condenado por blasfemia porque puso su cara en la imagen de un cristo, un periodista que ha visto secuestrado su libro sobre el narcotráfico, un fotógrafo al que le han retirado su obra de ARCO porque a la dirección de IFEMA le parecía desagradable y un rapero condenado a la cárcel por unas letras horribles y desagradables. No sé si es que nos estamos relajando o que algunos jueces y algunos políticos se han vuelto locos. Repetiremos lo obvio: el delito de blasfemia no debería ni existir, la religión es una idea y como tal puede ser escarnecida y criticada. No se puede convocar a que un artista exponga su obra y luego retirarla por mucho que podamos pensar que los Jordis no son presos políticos sino agitadores. Un periodista escribe sobre el narcotráfico en Galicia y un juez manda secuestrar su libro, como si viviésemos en Corea o en Venezuela. No hay ni que decir que las letras del rapero son completamente desagradables pero por horribles que sean no merece ir a la cárcel sino que aquellos que se sientan amenazados que presenten la correspondiente demanda y se sustancie con una multa como mucho. La libertad para expresar ideas y opiniones es la piedra angular de toda democracia y eso incluye a todo aquello que pueda rechazar la mayoría. La mera existencia de la blasfemia es una reliquia que el franquismo dejó en el Código Penal y que nuestros legisladores, si algún día espabilan, deberían corregir. Lo mismo que el delito de incitación al odio o el de exaltación del terrorismo, que no deberían conllevar cárcel si no es la promoción directa de la violencia.

El problema es que el actual Parlamento no sirve ni para modificar una ley aunque haya un consenso mayoritario para ello. En esas manos estamos. En Cádiz sabemos mucho de los límites de la libertad de expresión y del humor, de querellas que no se ponen y de letras que no le gustan a quienes tienen un sentido del honor calderoniano.