El Debate sobre el estado de la Nación lleva dos días celebrándose y finalizará hoy, votándose las propuestas. Llevaba sin celebrarse desde el año 2015 -o sea, siete años- y antes de que comenzara el debate Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunció que acudiría con talante abierto y dialogante, receptivo a "las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios… para mejorar la vida de las personas, sin dejar a nadie atrás". Buenos propósitos que se podrán juzgar cuando termine el debate, aunque por lo oído durante los dos días de celebración, pueden ponerse en duda. Los analistas dicen que pretende completar los cuatro años de legislatura. Desde el primer debate, que fue en 1983, se han celebrado cinco y este llega con desfase de siete años. De paso, el Gobierno socialista quiere aprovechar la ocasión para indagar el uso de la Policía por parte de gobernantes del PP, para investigar a adversarios políticos, en la llamada Operación Cataluña.

El presidente del PP, que es senador y no diputado, no puede intervenir en el debate, aunque ha estado presente. Puede hacer declaraciones, pero no puede contestar al presidente del Gobierno cuando personalice en él sus críticas. Hay quien recuerda -y yo entre ellos- que Antonio Hernández Mancha, a la sazón presidente de Alianza Popular, presentó en 1987 una moción contra el presidente del PSOE, que era entonces Felipe González, cuando le negaron su intervención en el debate y esa moción no fue un éxito precisamente.

En esta primera sesión, Pedro Sánchez ha anunciado la creación de dos nuevos impuestos, que gravan los beneficios de las energéticas y la banca durante dos años, y la bonificación al 100% de los abonos de algunos viajes operados por Renfe, según deseo de Podemos, socio de la coalición. El País enumera las 10 medidas principales anunciadas por Sánchez. Dejando de un lado la inflación, que destaca como el principal problema con el que se enfrenta España, su plan para fomentar competencias digitales, construcción de 12.000 viviendas en Madrid, luchas contra los incendios, creación de un centro estatal de salud y nuevas medidas y leyes en materia de corrupción, trata y explotación de seres humanos y secretos oficiales. El País destaca los guiños de Abascal a Feijóo, que le ha tendido la mano de Vox para crear una alternativa real Gobierno de Sánchez, e incluso quiere derogar las leyes sobre eutanasia, aborto o lucha contra el cambio climático. Habrá que esperar a que termine el debate y ver cuáles son las medidas que prosperan para un juicio final.