MARIANO Rajoy le ha escrito una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en un intento de evitar que nuestro país sea multado por no haber cumplido el objetivo de déficit pactado el pasado año. La multa podría oscilar entre los 0 euros -una sanción simbólica- y el 0,2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. A la vez, se está solicitando por nuestro país más tiempo adicional para conseguir que bajemos del objetivo del 3%, que en principio tendría que lograrse en 2016, con un 2,8%. España tiene algunos argumentos para su defensa; desde Europa tienen los suyos para vigilar la disciplina fiscal, y penalizar los incumplimientos.

Entre las razones que aduce Rajoy es la positiva evolución que ha seguido España desde 2011. Si miramos el renglón de España en la tabla de los déficits de los países europeos, se observa la importante tendencia decreciente que han ido siguiendo: 9,5% (2011), 10,4% (2012), 6,9% (2013), 5,9% (2014). 2015 se ha cerrado finalmente con un 5,1% de déficit: el pasado año nos hemos gastado 56.608 millones de euros por encima de lo que disponíamos. Aunque es cierto que hemos superado el 4,2%, el máximo autorizado, los datos dejan bien patente el esfuerzo que se ha hecho. Otra defensa es por comparación. No somos el único país europeo deficitario; de los 28 países, sólo Dinamarca, Alemania, Estonia y Luxemburgo no lo son, y aunque muchos han seguido la misma tendencia decreciente (la media europea desciende del 4,2% de 2011 al 2,6% de 2014) ninguno lo ha hecho de forma tan intensa. Tampoco somos los únicos incumplidores; Portugal o Francia, el año pasado, y Alemania en un pasado más lejano, lo fueron: sin que ninguna multa apareciese.

También se contraponen a este dato negativo del déficit otros positivos que matizan la importancia del incumplimiento: nuestra economía está creciendo mucho más que la media europea y está generando empleo. También a causa del crecimiento, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB disminuyó el pasado año. Por tanto, el riesgo económico de nuestro país, que es lo que se trata de controlar con la disciplina fiscal, no ha tenido por qué elevarse. Por último, de forma adicional, existen otros argumentos técnicos, como la discutible forma de cuantificarse el déficit o la influencia de la bajísima inflación en los resultados obtenidos.

Pero la posible rigurosidad de la Comisión también sería entendible porque hay cuestiones relevantes en juego. El BCE está amparando de forma indirecta a todos los estados, ya que los tipos de interés a los que están consiguiendo emitir los diferentes tesoros no responden a la libre confluencia de oferta y demanda, sino que vienen fuertemente condicionados por la política monetaria expansiva que está desarrollando. Bruselas tiene claro que esta ayuda financiera no debe servir de ningún modo para que a la vista del dinero barato, y por la reducción del capítulo de intereses en los presupuestos, los gobiernos europeos se animen a seguir gastando. Y como las medidas benefician más mientras mayores son la deuda y la prima de riesgo real propia, como es el caso de España, caso de no vigilarse con máximo celo el cumplimiento de los déficits, el incentivo sería perverso. Por otra parte, hay proyectos en marcha, como la Unión Bancaria, que para culminarse necesitan de la confianza de los socios en que cada país cumplirá con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Ni que decir de la importancia de este acuerdo para caminar hacia un Tesoro común, que emita bonos bajo un único riesgo europeo.

La disciplina fiscal no es un capricho, cuando se gasta sin tener, a base de financiación, se compromete el futuro, y más ante crecimientos débiles e inciertos. Los españoles debemos un billón de euros, que oscurece nuestro futuro, el de nuestros hijos y hasta el de nuestros nietos, porque el perfil de vencimientos alcanza ya 2064. No tendría que hacer falta que desde Europa nos dijeran nada para que los partidos políticos buscaran unidos la forma más humana de contener el déficit. La mayor flexibilidad que está teniendo la Comisión europea en este tema seguramente le llevará a no imponernos sanción, o que sea a coste cero, y a renegociar para los próximos años con mayor realismo nuestros objetivos de déficits. Pero la lección, con multa o sin ella, debería ser clara: la disciplina fiscal no sólo seguirá siendo fundamental para asegurar la viabilidad financiera de cada país, y de Europa en su conjunto, sino que va aún más allá, porque se ha convertido en la clave para conseguir una mayor integración europea (y al que piense en un Spainexit, que sepa que la deuda, y en muchas peores condiciones, seguiría siendo nuestra).