LA prensa informa que Mariano Rajoy, después de muchos titubeos, ha designado a Francisco Camps candidato a presidir la Generalitat Valenciana, pero sin fecha aún para su proclamación oficial. Supongo que las dudas de los populares se fundan en la cacareada denuncia por los carísimos trajes que le obsequiara al citado candidato el responsable de la cuantiosa trama "Gürtel", lo que originó la imputación judicial de Camps por cohecho. Y precisamente ayer, en el Suplemento andaluz de El País, Ignacio Zafra señala que "la Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat Francisco Camps en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia valenciano", refiriéndose a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

Es innegable que parece poco serio nombrar candidato para tan importante cargo a un imputado en un juicio criminal, si bien cosas peores se han visto en estos tiempos revueltos. La prensa también nos advierte que su postulación le permitirá, si triunfa, decir que "los votantes le han absuelto… A partir de ahí podría pensar en una retirada digna… La cúpula del PP está casi segura de que el juicio por cohecho contra Camps… llegará después de las elecciones del 22 de mayo" (El País, 16.2.2011), lo que les asegura un triunfo previo, con un "ya se verá" cómo apaciguar el escándalo.

Pero a todo esto, ¿estamos seguros que Camps desea esta postulación forzosa? Porque su futuro, si es finalmente procesado, no suena muy brillante y, quizás, en su interior, sólo desea ser liberado de tal responsabilidad y yo quiero ayudarle.

Providencialmente, en el Diario de Cádiz de 13 de febrero, José María Otero, en una de sus encantadores "Historias", cuenta que, en 1886, gracias a una ley que permitió la exclaustración de religiosas en el caso de oposición de las autoridades eclesiásticas. Y cuando en Trujillo, una monja gaditana concepcionista decidió abandonar los hábitos, ante la negativa de la superiora y del obispo, el alcalde se presentó en el convento provisto de una orden judicial. Y al persistir aquéllos en su rechazo, el Alcalde y sus guardias rompieron la reja de clausura y liberaron a la rebelde.

Si reemplazamos en esta historia al Obispo por Rajoy y a la Superiora por Dolores de Cospedal, Camps tiene asegurada una fórmula interesante para enfrentar su eventual conflicto.