EN las cloacas de todos los Estados, incluidos desde luego los llamados democráticos, hay mierda para hartar. Ese lado oscuro del ejercicio del poder no debe escandalizar a nadie. Siempre hubo, hay y habrá personajes siniestros que, traspasando la frontera de la legalidad, se encargan del trabajo sucio, de enfangarse hasta las cejas para lograr objetivos casi imposibles en el marco estricto de las normas. Ni consiento, ni por supuesto hago apología del oficio. Únicamente constato un hecho que no encuentra excepciones y que probablemente sea inevitable. Pero, aun así, no en todas las sociedades se reacciona de igual forma cuando alguna de las miserias del pudridero llega a ser conocida por el común de la ciudadanía. El manual dice que, si ello ocurre, toca tragarse el marrón, callarse como un muerto y soportar el peso de la ley. Está en el sueldo y supone un riesgo sabido y aceptado.

En España tenemos ya cierta experiencia en la mala gestión de estos fogonazos sobrevenidos e "inoportunos" de luz. La historia del GAL, sórdida como pocas, nos dejó un cúmulo de errores, latrocinios y elusiones bochornosas de las consecuencias que perdurará en los libros no tanto por la infamia despreciable de lo que se hizo, que fue mucha, sino por la cobardía final de quien la diseñó, autorizó e impulsó.

Ahora nos encontramos de nuevo en una circunstancia parecida -aunque hay diferencias penosamente obvias- y otra vez parece que se confía en el proverbial olvido de las masas y se aspira a poder ponerse impunemente las reglas por montera.

El asunto del Bar Faisán es de una gravedad extrema. Que sea la propia policía la que avise a los terroristas etarras para impedir el éxito de una operación destinada a desbaratar el entramado financiero de la banda supone tal grado de ignominia, una traición tan vomitiva a la memoria de cuantos, en casi cuatro décadas de lucha, se han dejado paz y vida, que por decencia democrática, por no acabar de arruinar la ficción del estado de derecho y, al cabo, por lealtad para con nuestras víctimas, no puede quedar arrinconada en el cajón dócil de un juzgado complaciente.

Se me argumentará que entonces convenía y que la delación hay que entenderla en el seno de un proceso abierto de negociación todavía no frustrado. Ni por esas. No juzgo razones de alta estrategia. Desvelada la atrocidad, lo demás me sobra. No queda más que identificar a los culpables, hacerles pagar su crimen y depurar las responsabilidades políticas de quienes decidieron o permitieron, por acción u omisión, tal iniquidad. Ése es el protocolo aplicado en los países verdaderamente serios cuando el pastel se descubre y la porquería asoma por las alcantarillas. El mismo que tiene que seguirse aquí si queremos conservar un mínimo de dignidad, de coherencia, de vergüenza y de respeto.