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Juan Ramón / Medina Precioso

La línea divisoria

Visto que el Rey de España ha abdicado es preciso constatar que la Constitución española dice que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho y de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica." Esa ley orgánica hay que hacerla ahora, pero no hay duda ninguna de que el legítimo heredero es el príncipe Felipe, de modo que la sucesión en la Corona no pasa de ser una aplicación de la vigente Constitución. Nada raro, al menos desde un punto de vista legal. La línea divisoria separa a los que así lo entendemos de los que opinan que estamos en un escenario constituyente.

Muchos de estos segundos han apostado por celebrar un referéndum para que el pueblo español elija entre la Monarquía y la República o, en palabras de Cayo Lara, entre la Monarquía y la Democracia. Algunos distinguidos miembros de esa tropa republicana han señalado que el acceso de Felipe VI al Trono no sería democrático sin esa votación y que no debería producirse si el resultado del referéndum le fuese desfavorable. En esa postura se mezcla una legítima ambición, la de implantar la República, con un método inadecuado y un error de apreciación grave.

El método es inadecuado porque cambiar la monarquía por la república supone un cambio constitucional y, por tanto, no hay otra solución legal que intentarlo por los mecanismos previstos en la Constitución para cambiarla y, de paso, precisar qué tipo de república se quiere. Un referéndum sería el paso final, no el inicial, de esa propuesta encubierta de cambio constitucional. Se aplica aquí la misma pega que cabe asestar a los secesionistas catalanistas: están en su derecho de intentar que Cataluña se convierta en un Estado independiente, pero deben intentarlo mediante el oportuno cambio constitucional, siendo antidemocrática cualquier otra vía.

El grave error de apreciación es que la abdicación y la sucesión en la Corona, lejos de ser imposiciones autoritarias al pueblo español, están inmersas en ese texto, la Constitución Española, que fue aprobada, precisamente por referéndum, por la gran mayoría de los españoles que emitieron su voto, catalanes incluidos. Se trata, pues, de un proceso que goza de la misma legitimidad de origen que reclaman ahora los republicanos radicales, con la ventaja de que se trató de una monarquía democrática.

En el referéndum de 1978 todas las fuerzas políticas relevantes pidieron votar a favor de la Constitución, excepto PNV que predicó abstenerse, mientras que ERC y HB pidieron votar en contra, postura en la que coincidieron con una galaxia de pequeños partidos de inspiración comunista y con la Falange Española y la ultraderechista Fuerza Nueva. En resumen, la Constitución, con la monarquía incluida, salió adelante con el apoyo de los populares, los socialistas, los entonces eurocomunistas y los catalanistas entonces moderados.

Las posiciones de algunos son ahora distintas, aunque la mayoría se mantiene estable. Los populares y los socialistas han manifestado que agradecen a Juan Carlos I el impulso que dio a la democracia y su fértil reinado, así como que votarán a favor de la ley orgánica mediante la cual será proclamado Felipe VI. Juntos suman más de ocho de cada diez diputados, lo que da una mayoría más que absoluta a favor de la sucesión, mayoría que también gozará del apoyo de UPyD. Guste o no guste, socialistas y populares comparten un proyecto democrático, nacional y europeo en común. Se ha dicho que el bipartidismo ha entrado en crisis, pero sigue siendo el armazón de la democracia española a fecha de hoy, aunque convendría limpiarlo de los mohos corruptos que le han surgido aquí y allá. Del mismo modo, los secesionistas radicales, esto es ERC y Bildu, volverán a votar en contra y se mostrarán partidarios también aquí de saltarse la Constitución. Puro continuismo a ambos lados de la línea divisoria.

El cambio más sustancioso ha sido pasar del voto afirmativo de Carrillo y Solé Tura al negativo de Cayo Lara y sus compañeros catalanes. Sin ser de importancia cuantitativa, tiene un gran interés político: los comunistas institucionales, igual que los nuevos de Podemos, han dejado de creer en el pacto constitucional y ya no lo ven como un acuerdo beneficioso para todos sino como un residuo del franquismo, cuyos crímenes hay que seguir persiguiendo. En paralelo, han virado de negar el derecho a la autodeterminación de las regiones a defenderlo. Han saltado de un lado al otro de la línea divisoria y ahora convergen con los separatistas radicales.

Por su parte CiU y PNV se han negado a evaluar los méritos y defectos del reinado que ahora acaba e insisten en sus tesis soberanistas, aunque curiosamente ahora CiU es más rabioso y PNV, más cauto: los catalanistas quieren competir con los sectores más radicales con la esperanza de sacar algo a España, un régimen foral por ejemplo, y los vasquistas temen que si esto se pone serio pierdan el régimen foral que lograron en el año 78, lo que sería celebrado en la Unión Europea. Es difícil prever qué postura adoptarán ante la ley orgánica para proclamar a Felipe VI, pero conviene advertirles que el nuevo rey seguirá siendo el símbolo de la unidad y la permanencia de España. Aunque no descarto alguna reforma constitucional, predigo que irá en beneficio de todas las comunidades autónomas y no sólo de aquellas en las que el victimismo esté obteniendo mejores resultados electorales.

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