RESULTA siempre atractiva la propuesta de limitar el tiempo para ocupar cargos políticos, y suele plantearse como un elemento de regeneración democrática. De hecho, muchos partidos lo llevan en sus programas políticos, y C's lo ha incluido en el paquete de reformas para el pacto de gobierno con el PSOE. Sin embargo, merece la pena dedicarle algo de atención a este asunto, para ver en qué consiste la propuesta y si realmente puede regenerar la vida política.

Una de las premisas en que se basa la propuesta de limitación temporal de los cargos políticos radica en considerar que una prolongación excesiva de las mismas personas en un cargo aumenta el riesgo de corrupción en el ejercicio del mismo. Esta premisa no se sostiene ni en la lógica ni en la realidad empírica. Si la propensión a ser corrupto anida en la codicia de las personas y en su falta de valores cívicos, sería lógico pensar que mientras más corto sea el periodo de ocupación de un cargo, mayor prisa e interés tendrá el político corrupto en sacar el máximo provecho de la situación de poder que ostenta. A nivel empírico, hay casos de corrupción en personas que han estado poco tiempo en el ejercicio de un cargo político, y casos de personas honestas que han estado en la vida política un largo periodo de tiempo. Por tanto, esa premisa me parece discutible.

Otra premisa es que con esa limitación temporal se posibilita la renovación de las élites políticas y se evita la perpetuación en los cargos, abriendo la puerta a la entrada de nuevas generaciones. Este argumento no tiene que ver con el riesgo de corrupción, sino con la idea, bastante sesgada, de que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Se considera que es bueno para la democracia que, cada cierto tiempo (ocho años, por ejemplo), las instituciones sean renovadas para que entre aire fresco en ellas. Esta premisa me parece también discutible, ya que, en democracia, la experiencia es un valor que se adquiere con el ejercicio del poder y mediante la asunción de responsabilidades públicas. Sin duda que es positiva la renovación de los cargos políticos, pero no mediante una limpieza general cada ocho años, que puede llevarse por delante un capital de experiencia política necesario en un país, como el nuestro, no sobrado precisamente de buenos políticos. Los políticos deben ser renovados no por ser viejos, sino por ser ineficaces en el ejercicio de sus responsabilidades públicas o por mostrar signos de agotamiento.

Sea por una premisa o por otra, lo cierto es que el tema de la limitación temporal de los cargos públicos ha irrumpido en la agenda política, a pesar de que la excesiva permanencia en la Presidencia de gobierno no es un problema en España, donde sólo Felipe González superó los ocho años al frente del Gobierno. Aparte de que no veo, por tanto, necesaria la propuesta, lo que me parece más discutible es el hecho de que la limitación temporal se "constitucionalice", es decir, se incorpore en la reforma constitucional, tal como ha propuesto Albert Rivera y ha aceptado Pedro Sánchez.

En mi opinión, una propuesta como ésa tendría sentido en sistemas presidencialistas puros, en los que el jefe del Estado (que además tiene poderes ejecutivos) es elegido directamente por los ciudadanos (como es el caso de las repúblicas latinoamericanas, de los EEUU y de países europeos como Francia y Portugal). También podría tener sentido en sistemas mixtos, en los que el jefe del Estado (sin poderes ejecutivos) es elegido por el Parlamento (como ocurre en Italia, Alemania o Grecia). Pero no veo ningún sentido introducir en la Constitución española la limitación del tiempo de mandato de los presidentes de Gobierno en sistemas parlamentaristas como el nuestro. Su mandato emana del Parlamento y su continuidad depende de que el poder legislativo apoye su investidura, y le siga dando la confianza necesaria para aprobar los proyectos de ley que presente como presidente de gobierno. En caso contrario, será revocado de su puesto al frente del poder ejecutivo.

Dicho esto, cabe otra posibilidad, mucho más interesante y necesaria. Me refiero a que sean los propios partidos políticos los que incorporen en sus estatutos la limitación temporal de cargos orgánicos y, como extensión, limiten la permanencia de sus dirigentes en puestos de responsabilidad pública. En efecto, podría ser una vía interesante de regeneración de nuestra democracia que los partidos pongan límite al tiempo en que un presidente o secretario general pueda desempeñar ese cargo orgánico, o al tiempo en que una misma persona del partido pueda ser incluida como candidata en las elecciones municipales, regionales o nacionales. Hacer eso tendría un efecto directo en la renovación interna de los partidos, y de paso renovaría los cargos públicos ostentados por sus afiliados. Pero ésta sería una decisión a tomar por los partidos políticos en el ámbito de su libertad como asociaciones privadas que son, y de acuerdo con la estrategia que consideren más adecuada.