Editorial

Las leyes se cumplen, y punto

LA portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró ayer a propósito de la ley del aborto: "La ley ha entrado en vigor". Es una afirmación aparentemente perogrullesca, pero necesaria tras constatarse que algunas comunidades gobernadas por el PP habían anunciado o sugerido que pondrían trabas a la aplicación de la nueva normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que acaba de entrar en vigor. Quien más lejos llegó fue el presidente autonómico de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, quien expresamente declaró que no pensaba aplicar la ley en su Comunidad. El pretexto es que, al estar la ley recurrida por el propio PP ante el Tribunal Constitucional y solicitada su suspensión cautelar hasta el fallo definitivo, se puede deducir que no ha completado su recorrido jurídico y no produce efectos plenos. Esta concepción es errónea y peligrosa. La ley del aborto ha sido aprobada por el Parlamento español, en el que se residencia la soberanía popular, y de ahí nace su legitimidad democrática: de la misma fuente que procede la legitimidad de Valcárcel como presidente murciano. Es el Tribunal Constitucional el único órgano cualificado para decidir si la ley es constitucional o no, y también si ha de suspenderse o no mientras llega su fallo definitivo, no un presidente autonómico ni ninguna otra autoridad o instancia política. Así es como funciona el Estado democrático: las leyes obligan a todos mientras están en vigor, y los primeros llamados a cumplirlo estrictamente, sin escaqueos ni excepciones, son quienes ostentan la autoridad. No es la primera vez, desgraciadamente, que un presidente de comunidad autónoma desafía las leyes que emanan del Congreso y el Senado y pretende declarar a su territorio exento del deber de aplicarlas. Hace unos días el presidente de Cataluña, José Montilla, adoptó la misma actitud, dudosamente democrática y evidentemente desleal, al rechazar abiertamente la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía catalán y convocar manifestaciones callejeras al respecto. No son posturas ejemplares, sino todo lo contrario.

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