La justicia se cuela en la campaña

La justicia se ha colado en la campaña por sorpresa y en el momento más inesperado. Por una especie de código ético no escrito, anclado en el gen de su independencia, la judicatura siempre trató de no interferir en las elecciones. Así fue históricamente, hasta que nuestros políticos enloquecieron, se perdieron el respeto y empezaron a bombardear los juzgados a diestro y siniestro con sus denuncias viscerales cruzadas, jugando a indios y vaqueros, pero con fuego real. Judicializar la vida política tiene sus riesgos, y como consecuencia de ello, esta semana, cuando los candidatos se juegan su futuro, la Fiscalía ha pedido el archivo del caso de los chiringuitos contra Kichi, tumbando todos los argumentos de Cs sobre la negociación del alcalde con los empresarios; y casi al tiempo ha dictado que el caso Romaní por su gestión al frente de Aguas de Cádiz siga su curso. Puede que se les haya caído la venda o que se deba a una treta del destino, pero es cuanto menos insólito que en plena campaña los jueces se pronuncien. Y aunque no existan hechos probados basados en fundamentos jurídicos, no hace falta ser malvado para pensar que hayan decidido desquitarse en elecciones, cuando más duele: no querías Justicia, pues ahí tienes dos tazas.

Sólo contra el gobierno local se ha presentado no menos de una decena de denuncias en este mandato. Y también, al revés, el equipo de gobierno denunció a la oposición con toda la artillería que tuvo en su mano, por lo que no cabe descartar nuevas resoluciones judiciales en las próximas horas. Kichi se ha visto favorecido en el caso de los chiringuitos, pero cuando acusó a Teófila de haber suministrado agua contaminada en Loreto "a sabiendas" acabó condenado por calumnias. Entonces los populares sacaron pecho, aunque la denuncia contra Romaní les trae de cabeza. Cualquier chiquillo habría escarmentado a la primera y se lo pensaría dos veces antes de denunciar a sus oponentes sin una base sólida. Lo grave es que nuestros gobernantes no aprenden. Luego, cuando llegan sentencias como en el caso de la ex alcaldesa de Eva Corrales o el de Pedro Pacheco, muchos políticos, los mismos que se pasan el tiempo buscando trapos sucios en lugar de puntos de encuentros para agilizar la gestión, se llevan las manos a la cabeza al comprobar con qué rigor punitivo se aplica la Justicia cuando se apela a ella sin cabeza.

Antaño, los gobernantes sólo se atrevían a presentar una denuncia contra el adversario de cara a la galería y la mayoría le retiraba, a la postre, porque iba de farol. Y porque se respetaban y sabían construir puentes para que imperase el diálogo frente al disparate. Se atizaban como ahora en los plenos, pero en los pasillos conciliaban posiciones o alrededor de un café. Como por ensalmo, ahora parecen poseídos y son incapaces de lograr un mínimo entendimiento. Han renunciado a la dialéctica hasta tal punto que no se dan ni los buenos días porque sólo les obsesiona ganar en los tribunales lo que le negaron las urnas. Hay que denunciar cualquier ilegalidad. Pero entre mirar hacia otro lado frente a los abusos y colapsar los Juzgados con fines espúreos hay un término medio y los propios jueces parecen haber dicho basta, aunque no existan pruebas, claro está.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios