DESPUÉS de unos meses de moderación y ejercicio responsable del poder compartido con el PSOE andaluz en la Junta, la coalición Izquierda Unida se está deslizando hacia posiciones radicales que cuestionan a veces al propio sistema democrático al que debe su representación y sus cargos en el Gobierno bipartito. Ya durante el verano la coalición vivió el espectáculo de agitación extremista protagonizado por uno de sus diputados más significados, Sánchez Gordillo, con ocupaciones de fincas y entidades financieras y comerciales de las que habrá de dar cuenta ante la Justicia, sin que la dirección del grupo expresara ningún malestar con estas manifestaciones antisistema. Más tarde ha sido el propio coordinador general, y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, quien ha tratado de convertir la jornada festiva del 28-F en una movilización masiva -fracasada- contra el Gobierno de la nación, olvidando su papel institucional y su corresponsabilidad como gobernante en la situación que atraviesa Andalucía. Eso le lleva también a proponer consultas populares ajenas a la legalidad, y a la mínima utilidad exigible, como la que ha lanzado sobre los recortes obligados por el descontrol del déficit público (por fortuna, con el rechazo de sus aliados del PSOE). Por último, esta misma semana, el portavoz parlamentario de IU-CA, José Antonio Castro, que probablemente sustituirá en los próximos meses a Valderas como coordinador regional de la coalición, ha desvelado el programa político que defiende para su aplicación en Andalucía: "Muchísimas de las medidas" impuestas por el difunto Hugo Chávez en Venezuela para construir aquí una república bolivariana que implante el socialismo del siglo XXI. Ni que decir tiene que se trata de un proyecto colectivista y ajeno a la Constitucion española, el mismo que ha fracasado en Venezuela, aunque Castro no quiera verlo. Es preocupante esta deriva de IU, e imprescindible que Griñán no se deje arrastrar por ella.