Editorial

La inseguridad informática

UN fallo de seguridad informática en la página web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla ha permitido que, durante seis meses, estuviesen expuestos y sin ningún tipo de protección datos fiscales de todos los empadronados en esta ciudad. Con sólo marcar el DNI de un ciudadano, cualquier persona podía conocer información sensible como sus deudas, sus multas de tráfico, sus posibles embargos, su domicilio, etcétera.

Independientemente de la depuración de las responsabilidades políticas y técnicas que tendrá que llevar a cabo el gobierno local sevillano, este garrafal fallo de seguridad vuelve a poner sobre el tapete del debate público algunas preguntas de gran importancia: ¿están bien protegidos nuestros datos en internet? ¿Quiénes son los agentes públicos o privados que los manejan? ¿Invierten las administraciones suficiente dinero en la custodia de los datos que les facilitamos los ciudadanos? ¿Están concienciados nuestros políticos de las amenazas que se esconden en la red? A nadie se le escapa que la enorme revolución que ha supuesto el paso de un mundo analógico a otro digital ha permitido una sustancial mejora de la Administración Pública y privada. Hoy, cualquier gestión, desde la entrega de la Renta hasta la consulta de los horarios de autobuses urbanos, es un proceso mucho más sencillo y rápido que hace sólo treinta años. Sin embargo, también es evidente que existen peligros y amenazas. El caso del agujero de seguridad en la web municipal sevillana es un claro ejemplo.

Cada vez saltan más a los medios de comunicación las continuas agresiones que sufren los sistemas informáticos de empresas y organismos públicos por parte de hackers que, lejos de ser simples gamberros digitales, son personas muy preparadas que sirven a intereses económicos o nacionales determinados. Sin embargo, todavía no ha terminado de cristalizar en la sociedad lo que podríamos denominar una conciencia de la seguridad informática.

Uno de los mayores problemas a la hora de tomar decisiones sobre este problema es la ignorancia o el ninguneo del mismo. Muchos de los que todavía mandan en la política y en las empresas nacieron y se criaron en un mundo analógico en el que aún no existían estas amenazas. El caso del Ayuntamiento de Sevilla es un nuevo aviso para que todos, administraciones y ciudadanos, tomemos conciencia de las nuevas amenazas y busquemos soluciones. La seguridad informática debería formar parte ya del debate público, tanto, si cabe, como el de la seguridad ciudadana.

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